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Contraloría interna ignora a consejeros del IEPCT

LUIS MIGUEL MALDONADO
AVANCE
La contraloría interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC), interpuso una demanda civil que busca la nulidad de la escritura de la compra del nuevo edificio, así como deshacer la compra realizada en abril de 2011 por la cantidad  32 millones 600 mil pesos, sin embargo los consejeros no fueron tomados en cuenta.
Lo anterior fue dado a conocer por el consejero presidente provisional Rosendo Gómez Piedra, quien dijo que la contralora Morayma Romero Herrera, ordenó al Departamento de Actas y Acuerdos iniciar la demanda, el pasado 11 de abril 2013, de lo cual dijo, está enterado extraoficialmente, porque no se les informó ni al consejo, ni a la Junta Estatal Ejecutiva ni a ninguno de los consejeros.
Dijo que si bien los consejeros están de acuerdo en esta acción, se violaron los procedimientos internos al no haber informado a los consejeros sobre este asunto, por lo que solicitó por escrito el informe del procedimiento iniciado.
Apuntó que la intención de recibir este informe, es para verificar en qué términos se interpuso la demanda y evaluar si se procedió de manera adecuada, ya que un error puede complicar la recuperación de los recursos.
Por otro lado cuestionado sobre la resolución que podría dar el Congreso del Estado, sobre el resolutivo dado por la propia contraloría interna, en relación a la compra del edificio y donde se solicita la inhabilitación en la función pública, para los seis consejeros electorales, Rosendo Gómez Piedra, señaló que será respetuoso de las decisiones que tomen al respecto, pero que de ser necesario emprenderá su defensa jurídica.
Dijo que ha escuchado que la Comisión de Justicia y Gran Jurado, va hacer un análisis serio responsable conforme a derecho y que si así sucede, tiene la plena seguridad que se va demostrar que no tiene nada que ver en ese asunto.
Se le cuestiono si los diputados de la Comisión de Justicia y Gran Jurado, serán capaces de resolver conforme a la ley, este señaló, que si son competente o no son competentes, si van a resolver bien o van a resolver mal, no lo podía decir,  pero si enfatizó que la decisión que ellos tomen, afecta sus derechos, recurrirá a su defensa jurídica.