La primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) revela que el 75.6 por ciento de las personas ingresadas a una prisión sufrió algún tipo de violencia física o psicológica por parte de las autoridades al momento en que se llevó a cabo su detención, mientras que el 49.4 por ciento fue incomunicada en las oficinas del Ministerio Público.
El documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que la incomunicación o asilamiento; las amenazas de levantarle falsos cargos; ser desvestidos, atados; vendar los ojos o cabeza, las presiones para denunciar a alguien, dañar a sus familiares, son los principales daños que realizan las autoridades al momento de las detenciones y al momento de trasladarlos al Ministerio Público.
Además de estas irregularidades presentadas en el proceso, 39.4 de los internos ‘recibió patadas o puñetazos por pare o con el consentimiento de las autoridades que lo custodiaron durante su estancia ante el Ministerio Público; mientras que 23.5 por ciento recibió golpes con algún objeto’.
Según los datos presentados por el Inegi, además de estas fallas al debido proceso, también se detectó que el sólo 255 por ciento de las detenciones fue inmediatamente después de haberse cometido el delito; 21.5 fue sustrayéndolas de un lugar, sin orden de detención; 20 por ciento en la calle y orden de captura, 31 por ciento con orden de detención y 13 durante la comisión del delito.
