José Martínez
El derecho a la información fue plasmado en nuestra Carta Magna desde los años 70 del siglo pasado, sin embargo, a falta de una ley secundaria este derecho no pudo ejercerse durante años.
Organizaciones civiles libraron verdaderas batallas legales en ese periodo para poder conocer cuánto realmente ganaba el Presidente de la República. La aplicación discrecional de los recursos públicos fue la constante durante años.
Fue hasta inicio de este siglo que diversos académicos, periodistas y dueños de medios impresos, reunidos en el estado de Oaxaca adquirieron el compromiso de integrar una propuesta de ley de acceso a la información pública gubernamental que fue entregada al Legislativo posteriormente.
La propuesta se aprobó en el periodo presidencial de Vicente Fox, quien nunca supo lo que se había legislado. La aprobación de una ley federal de transparencia y acceso a la información provocó un reflejo en los estados para legislar en materia.
Sobra decir que Tabasco fue el último estado en aprobar su ley estatal, no sin antes un intento de Manuel Andrade Díaz para convertir la ley en inservible, la intentona fue superada por los diputados de oposición en conjunto con algunas organizaciones civiles locales.
Hoy el derecho a la información pública está plasmado en todas las constituciones de México, que se ha traducido en una infraestructura y burocracia en todo el país, que con sus diferentes matices ha garantizado el derecho a la información.
El tema de la efectividad de los órganos garantes del derecho a la información salió a relucir a raíz del asunto de que nadie puede ganar más que el mandatario federal.
Se dijo que los comisionados nacionales ganaban más de 300 mil pesos y solo habían servido para ocultar información. Incluso se llegó a decir que estos organismos eran incensarios, y lo mejor era desaparearlos.
Nada más lejano de la realidad dentro de los nuevos tiempos democráticos que vive el país en donde la garantía de los derechos ganados es una obligación.
El Presidente electo dejó claro el asunto el día de ayer. En México se garantizará el derecho a la información pública. Recordó algunos casos de mucha repercusión a nivel nacional en las que el órgano garante nacional ha intervenido.
Sin embargo, lo que si dejó claro es que van con todo para que en México nadie gane más que el Presidente, algo que ha causado mucho ruido y provocado una cascada de amparos en contra de esta decisión.
A pesar de esto, la posición de la presidencia de la república es que se dé cumplimiento a la constitución mexicana en ese aspecto. La propuesta cuenta con el apoyo de miles de mexicanos, y es cuestión de tiempo que los que se resisten acepten alinearse a una situación en la que el mismo López Obrador ha puesto el ejemplo.
No es cuestión de gusto o capricho. Este país ya no puede seguir manteniendo una burocracia dorada. Ya se dijo algunos días. Si lo que los mueve es el dinero, ahí está la iniciativa privada.
Ahora se buscan funcionarios públicos que realmente tengan interés de servir a la nación.
HABERES
El borrón y cuenta nueva empezará en enero, así lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo líder de Morena César Burelo. Unas declaraciones de Manuel Bartlett (CFE) provocaron confusión. Por cierto que el morenista encabezó ayer la presentación del libro del doctor Juan Carlos Guzmán Ríos, comentado por Cirilo Antonio Guzmán, Roberto Cadena, Rodolfo Lara y Víctor Sámano Labastida. Los asistentes abarrotaron el sitio del evento. Un excelente análisis sobre Tabasco y el liderazgo de López Obrador.
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