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Atender el Derecho Internacional

Atender el Derecho Internacional

Felipa Nery

La académica y periodista Deniss Dresser acudió el pasado miércoles a la conferencia mañanera que ofrece el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí le preguntó si él condenaría el intento que existe de tipificar nuevamente el delito de difamación y calumnia que antes ya había sido derogado de los códigos penales en México por recomendaciones internacionales y en especial de la ONU, por el caso de la periodista Lydia Cacho, quien fue privada de la libertad y sufrió tortura psicológica por el gober precioso de Puebla Mario Mario, en 2016. Ante tal señalamiento de Dresser, el mandatario nacional, señaló en primer lugar, que no existe intención de su parte de volver a tiempos del pasado y aseguró que tampoco da órdenes al Fiscal General, Gertz Manero, a quien la periodista de Reforma y Proceso señaló como el autor de la propuesta para que el Código Penal vuelva a contemplar esta figura que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendaron a México derogar del Código Penal los delitos considerados de honor, como difamación y calumnia, por ser considerados violatorios de la libertad de expresión. Si bien esos delitos se derogaron de los códigos penales federal y de las entidades federativas, a los periodistas se les han fincado responsabilidades por la vía civil, señalados de dañar el honor, el caso que más polémica ha levantado es la sentencia que se ha dictado en contra del académico y periodista Sergio Aguayo, a quien se le señala de daño al honor del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, porque Aguayo publicó en el Diario Reforma, que mientras en España Moreira fue detenido señalado de corrupción, en México no había existido intención de castigarlo por los mismos hechos que en el país se le habían señalado. Esta sentencia que se considera excesiva y por la que un juez ya obligó ya a Sergio Aguayo a hacer un primer depósito por 450 mil pesos, para no rematar su bienes, ha motivado la indignación de periodistas, que por cuestionar y criticar a políticos como Moreira que fue  señalado por tantos desmanes cuando fue gobernador, entre otros, dejar endeudada a esa entidad por más de 30 mil millones de pesos, ahora a los periodistas se les tenga que privar de su patrimonio, como es este caso, en el que los organismos internacionales como la CIDH han señalado que esas disposiciones normativas que restringen la libertad de expresión no son compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, porque se prestaban al abuso como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares, reprimiendo de ese modo el debate que es crítico para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas, esto, en cuanto a los delitos de difamación y calumnia, pero ahora, se podría considerar en este mismo sentido, atentatorio a la libertad de expresión el exceso en el que caen jueces al emitir sentencias que van en contra del patrimonio de periodistas.