José Martínez
A finales del mes de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Pemex, la idea central era detener el robo de combustible, el famoso huachicol, que está costando vidas y millones de pesos que no ingresan a las arcas nacionales.
Durante su presentación AMLO mostró datos sobre los costos económicos anuales de este problema. Los montos se han incrementado cada año hasta superar el año 2018 el presupuesto anual de Tabasco. Así es el tamaño del boquete se le hacía a la empresa productiva.
Desde el primer día de la implementación del plan el titular del ejecutivo federal dio señales que iría hasta el fondo del asunto y no daría espacio a la corrupción en la empresa mexicana más importante. La recuperación de la empresa mexicana incluso fue calificada en su momento, por el propio AMLO como una segunda expropiación. No estaba equivocado el Presidente. Hoy sabemos que la operación para recuperar la independencia energética de México será una de las luchas más emblemáticas de esta administración.
Ya se han presentado las denuncias contra funcionarios de Pemex que estaban involucrados en el robo de combustible a los que se ha cesado, y unos días después se presentaron demandas contra empresarios que también se habían inmiscuido en la ordeña a los ductos de la empresa productiva del estado. Se cerraron gasolineras que expendían el combustible robado y elementos del Ejército han desmantelado conexiones que salían de una de las refinerías de Pemex hacia bodegas clandestinas. Se confirmaba que personal de la empresa, tanto directivos como empleados, participaban en los ilícitos.
Las acciones han tenido diversos resultados. Por un lado, la reducción del número de barriles robados de combustible bajó considerablemente a solo unos días de haberse iniciado los trabajos. De mil 300 pipas robadas diariamente el número bajó a 27 a principios de esta semana.
Sin embargo, en algunos estados del norte del país ha empezado a escasear el combustible que expenden las gasolineras de esas entidades del norte del país. La causa es el cierre de uno del ducto que corre de Salamanca a León.
La situación de escasez de combustible en esos estados ha tenido diversas explicaciones. Por un lado, hay quienes dicen que no hay gasolina porque las estaciones de venta ya no le han surtido huachicol; otros mencionan que obedece a una represión política de la federación.
Todo apunta a que es un tamizado para detectar expendios establecidos que también vendían combustible ilegal. La operación es minuciosa.
En medio de estas especulaciones, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, acudió directamente con el director de Pemex para pedir una solución a esta situación que se vive en su estado.
El ingeniero Octavio Romero Oropeza se hizo el compromiso de que mientras el ducto afectado reanuda el transporte de combustible se enviarán de forma diaria miles de barriles de combustible mediante vehículos tanque. La situación de distribución deberá normalizarse en algunos días más. Es temporal y es para mejorar. Hay que apoyarlas las medidas legales.
HABERES
El gobernador del estado Adán Augusto López Hernández dio a conocer que se pospone la entrada en vigor de la nueva tarifa de transporte público, hasta el 9 de julio próximo. El mandatario sostuvo una reunión con los transportistas y el consejo de transmetropolitano de Pomoca. Una buena medida, porque el actual gobierno no puede comenzar con un conflicto por las inconformidades del alza.
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