José Martínez
Desde que el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador ocupó la titularidad del Poder Ejecutivo federal se empezaron a realizar los cambios políticos, institucionales y legislativos relacionados con un combate frontal a la corrupción. Fue colocado como prioritario en la agenda presidencial.
Si bien la corrupción es un problema que no se acabará en un corto plazo, sí se puede reducir al mínimo con una verdadera política que cierre el paso a los desvíos y desfalcos, sobre todo en la cúpula del poder.
AMLO lo está haciendo, lo que provoca inquietud y reacciones entre los que durante décadas manejaron los recursos públicos como si fueran de su propiedad.
Ejemplos sobran en estos momentos. Desde el desmantelamiento del llamado huachicol que se venía realizando desde las instalaciones de la petrolera mexicana, pasando por la compra de infraestructura chatarra que hoy mantiene huyendo a varios involucrados.
Esta cruzada está siendo encabezada por dos de las instituciones que durante años solaparon las corruptelas realizadas desde el poder político en México, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República.
Esta semana se dio a conocer que la SFP resolvió de forma diferente a la realizada por la FGR con uno de los funcionarios de Pemex presuntamente implicado en el desvío de dinero de la llamada #EstafaMaestra, que hoy tiene en la cárcel a Rosario Robles Berlanga y a varios rectores y ex rectores en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se está haciendo el trabajo y de forma eficiente a decir por los resultados hechos públicos.
En esta semana un medio nacional difundió que las investigaciones desempolvadas están llegando a políticos de alto nivel como lo es Manlio Fabio Beltrones, a quien se indaga por presunto desvío de recursos durante los años 2015 y 2016 del gobierno de Chihuahua a las arcas del tricolor, cuando Beltrones era presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los tiempos han cambiado. El propio López Obrador ha señalado que no meterá las manos por nadie, incluyendo a sus familiares, si se inmiscuyen en actos de corrupción. Con más razón si se trata de los políticos opositores; hay una lógica del poder.
Pero también existen ejemplos de funcionarios provenientes del partido que llevó al poder al tabasqueño que han tenido que renunciar después de ser evidenciados haciendo actos contra la legalidad.
Un termómetro del resultado del combate a la corrupción serán las elecciones intermedias del 2021. Quiérase o no, la denuncia y castigo a los corruptos, o los señalamientos de desvíos desde el poder, serán una poderosa arma electoral. Morena puede es ratificada o la oposición abrirá espacios.
Pero lo más importante es que el combate a la corrupción vaya en serio. Es necesario que se cumpla la consigna: barrer la administración pública de arriba hacia abajo. De lo contrario, todo será flor de un sexenio.
HABERES
Tras señalar que están a la espera de conocer mayor información sobre el programa de ‘Retiro voluntario’ que implementará el gobierno de Tabasco, René Ovando Olán sostuvo que orientarán a los burócratas para que tomen la mejor decisión. Sobre el tema dijo no ver que con este esquema, la actual administración busque presionar a los trabajadores sindicalizados para que se retiren antes de tiempo, pues la esencia del mismo es ofrecer beneficios que sean atractivos para el personal. Un desafío es evitar, en este como en otros casos, que las políticas de austeridad no sean detonadoras del desempleo. El mejor ahorro es tener gente productiva.
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