José Martínez
La situación legal de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Sedatu y de Sedesol, está sentando precedentes históricos en México. A más de uno lo ha puesto a trabajar en sus amparos.
No es para menos. La nueva administración federal abrió los expediente menos pensados. Anunció que no solapará ningún acto de corrupción. “Así se trate de mi familia”, ha dicho López Obrador.
El otro mensaje que envía es que ninguna denuncia con fundamentos será desechada, sin importar el tiempo en que haya ocurrido. El andamiaje legal se está afinando y presto a servir a la sociedad que representa.
Por el momento los reflectores están dirigidos a lo que mediáticamente se denominó la Estada Maestra. Un mecanismo de corrupción en la que presuntamente participaron dependencias federales y universidades estatales, que recibían contratos millonarios para servicios que a su vez sub contrataban o no realizaban.
Entre los subcontratados se encuentran empresas de portafolio, las famosas empresas fantasmas que solo facturaron y desaparecieron sin entregar ningún producto.
En la trama participaron 11 dependencias federales, entre las que se encuentran Pemex, SEDESOL, FOVISSSTE, SCT, BANOBRAS, SEP, SAGARPA, SENASICA, RAN, ECONOMIA y INEA.
La situación fue detectada desde el año 2013 por la Auditoría Superior de la Federación, y desde ese momento se hizo el llamado para suspender este tipo de contratos que dañaban la Hacienda Pública. El órgano de control también presentó las denuncias legales pertinentes; poco avanzaron durante la administración anterior.
El auditor superior no fue escuchado. En la revisión a la cuenta pública 2017 presentada hace unos meses, el mecanismo se volvió a encontrar. Es lamentable decir que donde se detectó fue en un instituto tecnológico del municipio de Centla con recursos de la SAGARPA.
Rosario Robles y demás ex funcionarios no serán los únicos que pueden terminar tras las rejas por el mal uso de recursos públicos. Las investigaciones llegarán a más personas.
Sin embargo, los hilos que hasta ahora se han jalado solo han llevado a la ex jefa de gobierno del Distrito Federal y a otros actores políticos nacionales, entre ellos el ex presidente Enrique Peña Nieto, de quien no se descarta sea llamado a declarar junto a otros exfuncionarios.
A pesar de que por indicaciones de la propia ASF, algunas universidades se autoinvestigaron y autoexoneraron. Debe esclarecerse el destino final de los más de 7 mil millones de pesos que están desaparecidos.
Es lo más sano para la sociedad y su futuro. A los implicados se les está permitiendo, conforme a derecho, defenderse. Corresponderá al representante social presentar las pruebas necesarias que permitan al juez encuadrar el delito y en su caso sentenciar o liberar.
Quien quiera hacerse rico con en un puesto público se equivoca y lo puede pagar con su libertad. Los tiempos de complicidades han quedado atrás.
HABERES
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) observó 174 millones de pesos a la cuenta pública 2018 del municipio de Macuspana, el último de ejercicio del ex alcalde José Eduardo Rovirosa Ramírez. Así lo dio a conocer el actual edil, Roberto Villalpando, tras sostener una reunión con la Comisión Inspectora de Hacienda Segunda del Congreso de Tabasco, en la que entregó información sobre las 16 denuncias penales que ya presentó su administración ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.
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