El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la iniciativa de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), conocida como Ley Fintech.
En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores y otras siete legislaciones.
La iniciativa tiene como principios fundamentales fomentar la inclusión e innovación financiera y la protección al consumidor.
Asimismo, plantea la preservación de la estabilidad financiera, la promoción de la sana competencia, y la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
En la exposición de motivos, el ejecutivo federal indicó que la capacidad de expansión de los servicios financieros a través de nuevas tecnologías es enorme.
Añade que, de acuerdo con el Cuarto Informe Trimestral Estadístico 2016 elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a diciembre de 2016, el número de suscripciones de telefonía móvil en México llegó a 111.7 millones, mientras que el de suscripciones de banda ancha móvil fue de 74.5 millones. Peña indica que se busca otorgar un espacio regulatorio, para que la innovación a través de tecnologías.
de los servicios financieros se desarrolle y florezca.
Ello con la finalidad de poner a México a la vanguardia en el desarrollo de servicios financieros, que sean capaces de incrementar el nivel de inclusión financiera país y mejorar las condiciones de competencia en el sistema financiero.
Se añade que un sector tan dinámico, como el de la innovación tecnológica, requiere contar con un marco regulatorio que permita a las autoridades mitigar los riesgos y permitir su expansión en un ambiente competitivo.
Este nuevo marco legal busca acercar los servicios financieros a personas y sectores que, tradicionalmente, no han sido parte del sistema financiero, al promover una mayor educación financiera y asesoría sobre estas nuevas alternativas.
Entre lo que destaca la nueva ley es que se establecen lineamientos para la protección de datos personales; desarrollo de un mercado de tecnologías financieras con límites y montos máximos de operaciones; nuevos canales de distribución de servicios financieros;
Mecanismos para prevenir y mitigar el lavado de dinero, con estándares mínimos de identificación del cliente y regulación de las instituciones de fondos de pago electrónico o e-money, como consecuencia del aumento del uso de esta modalidad de pago en el comercio.
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