Felipa Nery
Cuando la autoridad no hace el trabajo que le corresponde para proteger los derechos humanos de las personas, se convierte en cómplice de quienes son perpetuadores sistemáticos de esas violaciones. La Auditoría Superior de la Federación presentó a la Cámara de Diputados, los resultados de la investigación que realizó a la cuenta pública del 2018 y se encontró con que las autoridades no cumplieron su tarea en la persecución del delito de trata, principalmente la entonces Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, como responsables inmediatas de los programas anunciados, delito que de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afecta principalmente a niñas y mujeres en un 85% y en un menor porcentaje a niños y hombres. A través de un comunicado difundido por la Cámara de Diputados federal, se indica, que en 2018 la PGR sólo consignó ante un juez el 3.0% de las averiguaciones previas y el 1.0 por ciento de las carpetas de investigación; de 244 averiguaciones previas recibidas por el delito de trata, el 74% estaban en trámite, el 23% fue improcedente y el 3.0% se consignó; de las 288 carpetas de investigación que se abrieron, el 67% estaban pendientes, el 32% fue improcedente y el 1.0% se vinculó a proceso y alcanzaron una sentencia. Además se señala que las investigaciones evidenciaron una limitada coordinación para la prevención del delito de trata, entre la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en esta materia, con los gobiernos estatales; además, Gobernación no ejerció el fondo federal previsto para la atención a víctimas de trata y las entidades locales no dispusieron recursos para estos fines. A decir de la LXIV Legislatura, la investigación de la ASF evidencia la persistencia de un entorno de impunidad en la comisión de este delito y el Estado Mexicano no ha garantizado la protección de los derechos humanos de quienes han sido víctimas del delito de trata de personas, en cumplimiento a los compromisos derivados del marco constitucional y de los tratados internacionales en la materia. La información que da a conocer la Cámara de Diputados, nos muestra lo que ocurrió en el gobierno anterior, en relación a la atención de este asunto grave que se practica en el país y en el que investigaciones, como las que hizo Lidia Cacho, han demostrado que en el delito de trata están involucrados hasta funcionarios de todos los ámbitos de gobierno, así como personas de alta solvencia económica que son usuarios de niños y jovencitas que son sometidas a la trata, delito que hoy se conoce como la esclavitud moderna, que después del narcotráfico, es el que más ganancias genera a quienes la practican. De ahí, que para que este delito se mantenga en la impunidad, es que cuenta con el respaldo de altos funcionarios y si a esto sumamos la falta de capacidad para investigar, de los responsables, los ministerios públicos o fiscales, por esto la impunidad. Ya ni se diga de otros delitos que tanto en crecido, como los feminicidios y los homicidios violentos, en general. Entre el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la violación a los derechos humanos alcanzó su máxima expresión en México.