José Martínez
Uno de los temas más espinosos de las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto es lo que han denominado guerra contra el narcotráfico, la cual costó miles de vidas y otros tantos desaparecidos, más lo que se acumule a fin de sexenio.
Este proceso ha convertido al país en una enorme fosa con cientos de familiares buscando a sus seres queridos por sus propios medios ante la indiferencia de las autoridades.
La situación llegó al extremo de que pueblos enteros se desplazaron por la inseguridad, y se ha mencionado que existen comunidades del norte en donde las personas no pueden salir sin la presencia del Ejército ante los niveles de violencia que existen en la zona.
Esto ha enfrascado la discusión pública sobre la presencia del ejército en temas de seguridad pública que ha llevado a las propuestas de legalizar el uso del ejército en estas actividades y de la marihuana como una forma de bajar presión al consumo ilegal de enervantes.
Estas propuestas han tomado fuerzas dentro del equipo de transición del Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador.
La próxima administración está promoviendo la participación de los afectados por la violencia en nuestro país, muchos de ellos en búsqueda de sus familiares desaparecidos, en la integración de una política pública en la materia.
La iniciativa original del presidente electo se ha modificado en relación a las demandas y propuestas de los afectados. Este mecanismo de búsqueda de paz ha sido calificado como único a nivel Latinoamérica por la inclusión de las personas de manera inicial.
Con sus altibajos se han realizado diversas reuniones que buscan culminar en la propuesta de una ley de paz en México. El proceso ha llegado a su conclusión y lo recabado se integrara a la propuesta legislativa.
Mientras tanto la exigencia de retirar al Ejército de las calles queda en un consenso para que se retire de forma paulatina.
En ese tenor es que AMLO declaró esta semana que realizarán una convocatoria amplia para que se contraten 50 mil elementos para las fuerzas armadas y la Policía Federal. Mismas que trabajarán de forma coordinada con los estados y los municipios que lo necesiten mientras las aguas vuelven a sus cauces.
López Obrador ha prometido mejoras en el presupuesto para la seguridad pública y con ello mitigar los problemas que hay en diversas entidades del país. Estas propuestas pasan por las mejoras en los salarios de las personas comprometidas en la seguridad de los mexicanos para evitar su cooptación por parte del crimen y el respeto a los derechos humanos. Claro que también es importante la vocación de servicio.
No es la única estrategia. También está el otorgamiento de becas y apoyos para los jóvenes que los ancle a las escuelas o a trabajos como aprendices, así como la generación de empleos en diversas zonas del país que hagan poco atractivo el involucrarse en actos ilegales por necesidad o por impunidad.
La próxima administración está proponiendo una forma diferente de hacer frente a la inseguridad en México. Es la percepción, ojalá se concrete.
HABERES
El gobernador electo, Adán Augusto López Hernández, anunció que los alcaldes, por lo menos los 15 de Morena se sujetarían a un Tabulador de Salarios, y todo indica que así se acordó. Cobrarán entre 60 y 70 mil pesos, así lo han declarado los mismos ediles, quienes se desmarcaron de las percepciones que recibían sus antecesores, quienes tenían un ingreso de hasta 200 mil pesos como el de Teapa, quien además tenía la nómina llena de aviadores. Se avanza.
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