var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-38838256-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
La ‘autonomía’ en México

La ‘autonomía’ en México

POR:  Sinhué Casanova Magaña

 

Mientras estudiamos y nos formamos en las diferentes instituciones educativas, nos enseñan entre muchos temas, sobre el Estado y sus formas de Gobierno, también, de la división de poderes. La enseñanza sobre este tema, puede ser desde lo básico con Montesquieu hasta entrar al detalle como lo indica el Artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial’. Se podría decir que así nos empezamos a involucrar en asuntos del Estado, conociendo sobre lo teórico, pero ya en la práctica o en lo cotidiano quizás encontremos grandes diferencias.

La separación de poderes se basa principalmente en establecer equilibrios en el mismo, que éste no se encuentre concentrado en una sola persona o institución, ya que podría ocasionar el abuso de poder; además, y considero lo más importante, esta separación debe garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos, para que puedan ejercer sus derechos con plena libertad.
Digamos que esta es la base teórica de la autonomía en México, aunque en la práctica, en nuestro País, claramente se observa que el Poder se encuentra concentrado en el Ejecutivo Federal y por consecuencia, lo mismo ocurre, con mayor notoriedad, en los Ejecutivos estatales y municipales.
Mucho se debate sobre tener elecciones en igualdad de circunstancias, que estas sean libres; o que los ciudadanos puedan solicitar cualquier tipo de información sobre el ejercicio Público. O lo que ahora está de moda, sobre el combate a la corrupción, entre muchos temas más. La solución del Estado Mexicano en el discurso (nuevamente) ha sido ‘crear y fortalecer instituciones con plena autonomía
‘. Y se han creado o modificado instituciones con ‘autonomía’ para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos con plenitud o al menos así se han plateado, lo que conduce a reformas constitucionales para la creación de estas nuevas instituciones autónomas, separadas de los tres poderes tradicionales, Tales han sido los casos de la COFECE, el CONEVAL, el INAI, el INEE, la CNDH, el IFT, BANXICO, el INEGI, el INE y de las últimas, la PGR que se pretende se convierta en la Fiscalía General de la Republica (FGR). Además, con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, posiblemente se generen nuevas estructuras autónomas, como será el caso de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

Como podemos observar, si bien se han realizado modificaciones sumamente importantes a la Constitución Mexicana, no fue suficiente la separación del Estado en los tres poderes tradicionales, sino que se le han adicionado nuevas estructuras autónomas al Estado Mexicano para cumplir con los diferentes objetos de sus creaciones respectivas. Sería importante hacer un corte para analizar cada una de ellas y observar el cumplimiento del mismo.

Lo cierto es que en la mayoría de ellas no han podido trasmitir confianza a la población en general. Basta con ver la actuación del INE y de los institutos locales en los procesos electorales recientes. Es también el caso del combate a la corrupción con la promulgación de una nueva ley y todas las modificaciones que se deben realizar, mismas que se encuentran detenidas en la Senado.
Ha sido un gran acierto tener estructurado todo el esquema de la separación de poderes y de la creación constitucional de organismos autónomos, el error quizás ha sido la falta de voluntad de todos los involucrados para que se cumplan los respectivos objetos de creación. Todo se ha desvirtuado y convertido en luchas internas del poder (si, ese poder que en principio debe ser equilibrado y ser útil al ciudadano) y de negociaciones, por lo que -en la mayoría de veces- los titulares a este tipo de instituciones lejos de tener autonomía llegan a ejercer el cargo llenos de compromisos principalmente políticos y, desde ahí, desde que son nombrados, todo pierde sentido.
El reto para cumplir lo que nos indican las leyes ¿será tan complicado o simplemente se tratará de voluntad para hacer bien las cosas? (Twitter: @SinhueCasanova)