Libertades aseguradas

Felipa Nery

Bautizada por los adversarios del gobierno de MORENA que encabeza Adán Augusto López Hernández, como la “ley garrote”, la reforma al código penal que aprobó el Congreso del Estado el pasado lunes, a propuesta del jefe del Ejecutivo Estatal, no es tal, ni busca coartar libertades reconocidas en la Constitución, ni en los ordenamientos internacionales, lo que se pretende es asegurar que en Tabasco se den garantías a las inversiones que pretendan establecerse, para generar los empleos que requiere la sociedad. La redacción final del artículo 308 Bis, que fue aprobado, establece: “Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multas de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización sin perjuicio de las penas que corresponden por otros delitos que resulten. La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito, el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee algún tipo de violencia”. Son diversos los elementos que deben configurar la tipicidad del delito y por supuesto, no son destinatarios del mismo, quienes encabezan protestas sociales, al verse afectados por falta de servicios, o daños causados a sus propiedades, que son las causas por las que los ciudadanos se inconforman con frecuencia en distintos municipios de la entidad. Las protestas sociales siempre son justas,  no buscan extorsionar, ni imponer cuotas, lo que se reclama es el cumplimiento de un derecho, ya sea reparar un daño, o prestar un servicio, que son las inconformidades que con regularidad se dan. Esta disposición normativa va dirigida a aquellos “líderes charros”, vivales de pseudosindicatos, que históricamente han provocado que se ahuyenten las inversiones de Tabasco, que no tengamos las empresas, ni las industrias que generen los empleos. Las guerras de estos vivales provocó que se fueran de Tabasco industrias refresqueras como Pepsi cola, Coca cola, que no se instalará la Nestlé en Comalcalco, y otras tantas empresas a las que estos pseudolíderes sindicales exigen cuotas para trabajar. Precisamente ahora que se buscan empresas que participaran en el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, no habían, por lo que una gran cantidad de jóvenes se tuvieron que ubicar en taquerías, loncherías u otros negocios informales, porque desde hace años estos líderes charros practicaban la extorsión a las empresas, desde el momento mismo que pretendían establecerse, por lo que antes de abrir sus puertas, preferían llevar sus capitales a otras entidades, para no lidiar con estos conflictos. Esta legislación no debería ser motivo para reavivar enconos, o señalar quiénes son los impulsores de la industria de la reclamación; todos deberíamos ver hacia adelante, para corregir lo que se ha hecho mal y reconstruir el andamiaje jurídico y social que nos permita salir del hoyo en el que nos encontramos. Pero si alguien considera que es violatoria de derechos, que promueva su acción correspondiente y que sea la SCJN, la que diga la última palabra.