Nadie cree las versiones del gobierno federal

Por: Felipa Nery

Miles de personas acompañaron la tarde del lunes a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, en la marcha y mitin de protesta en el Zócalo de la capital del país y anunciaron que no se dejarán vencer, que continuarán la resistencia y la exigencia de justicia en contra de quienes hicieron desaparecer a sus hijos. Jóvenes, profesores de universidades públicas, campesinos, obreros y ciudadanos en general marcharon por las principales calles y participaron en el encuentro de repudio al autoritarismo, a la impunidad y la ineficiencia de las autoridades para castigar a los verdaderos culpables de esta desaparición. Al cumplirse dos años de estos hechos que enlutaron no sólo a los padres de los 43 normalistas de Guerrero, sino al país entero, por tratarse de un acto que fue ocasionado por autoridades que deberían procurar la seguridad de esos ciudadanos.  Una reconocida revista de circulación nacional -Proceso–, presentó un amplio reportaje, en el que el ex subcomandante de la policía municipal de Cocula, Cesar Nava Flores, preso en el penal de Tamaulipas por este caso, asegura que tanto el ejército mexicano, como la policía federal se hicieron cargo esa noche de la seguridad de Iguala Guerrero, porque supuestamente había llegando gente de diferentes colonias y hacían disparos. Eso es lo que dice uno de los detenidos  por este asunto, pero como todos sabemos, el gobierno mexicano se negó a permitir que se entrevistara a los militares que estaban desplegados en esa zona  el día de los hechos. Ni los miembros del Grupo de Expertos Internacionales a los que México trajo para que realizaran las investigaciones, avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudieron romper las barreras que el Estado puso para no permitir que se interrogara a los militares. Y las investigaciones que ha hecho la Procuraduría General de la República, en las que concluyó que los 43 jóvenes habían sido quemados en un basurero, fue desacreditada por los mismos expertos, otros científicos y peritos que rebatieron los argumentos de la PGR. Incluso los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realizaron una visita In loco a México el año pasado y avalaron las investigaciones del Grupo de Expertos, fueron desacreditados por el gobierno mexicano, sobre todo cuando se les dijo que los problemas que acarrea México se deben a la impunidad, a la falta de justicia que ha prevalecido en el país, desde 1968 cuando fueron asesinados muchos jóvenes que exigían participación en la vida pública de este país, y nadie recibió castigo por ese hecho. Pues tal y como señaló la CIDH en esta visita, el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa continuarán en la impunidad. La única esperanza que le queda al pueblo de México es que la Organización de las Naciones Unidas se pudiera decidir a investigar como delitos de lesa humanidad, además de la desaparición de estos 43 jóvenes, las de miles de mexicanos más que han desaparecido, sin que la autoridad de una respuesta a sus familiares.