Miles de mexicanos llenaron este domingo el Zócalo de Ciudad de México para protestar contra la reforma electoral del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De punta a punta, una de las plazas públicas más grandes de América Latina acogió a organizaciones de la sociedad civil y a políticos opositores que decidieron desafiar al presidente ante los cambios a las leyes electorales, previstas en el llamado “plan B” y que acotan las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo independiente que organiza las elecciones en México.
Esta ha sido la segunda concentración opositora en menos de cinco meses que pide que la reforma electoral se detenga. Anteriormente los manifestantes pedían la atención del Congreso, ahora —y después de la aprobación del paquete legislativo esta misma semana— apuntan a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El mensaje de la manifestación se concentró precisamente en el peso de la Constitución
Frente a miles de manifestantes en favor del INE, la periodista Beatriz Pagés señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe echar el Plan B de la Reforma Electoral “al basurero de la historia”, porque es inconstitucional e inmoral.
El ministro en retiro José Ramón Cossío que habló de la Carta Magna como el mayor argumento para defender la democracia. “Quienes estamos aquí no solo hemos querido llenar el Zócalo. Venimos a ocupar, respetuosa y temporalmente, la Plaza de la Constitución”, dijo al tomar el micrófono. Las modificaciones a las leyes electorales, una vez que ya han pasado por el poder Legislativo, se enfrentarán a un análisis minucioso en la Corte después
El “plan B” de la reforma electoral se aprobó definitivamente el pasado miércoles en el Senado y solo está pendiente de su promulgación. Los cambios en las leyes secundarias acotan el papel del INE comenzando por un recorte de 300 juntas distritales en los 32 Estados del país. Morena, el partido en el Gobierno, argumenta que los cambios a las leyes conseguirán un ahorro de 3.500 millones de pesos. Los opositores apuntan a que esto ocurrirá con el adelgazamiento de la institución que organiza las elecciones, lo que abre la puerta a procesos electorales menos confiables y pone en riesgo la democracia. La reforma también relaja las reglas para el uso de la propaganda política entre funcionarios públicos, una medida que puede inclinar la balanza en favor de quienes se encuentren ocupando un cargo público y tengan acceso a los presupuestos.
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