Por: José Martínez
Hace unos días el Senado hizo público un documento de análisis en el marco de la discusión de la Ley de Seguridad Interior. Dicha propuesta de Ley está relacionada con el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que dio inicio en diciembre del año 2006, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
El documento del Senado resume que el despliegue de las fuerzas armadas provocó un incremento de la violencia en los estados en que se usó al Ejército y La Marina.
A la par los casos de violaciones a derechos humanos en las que se involucraban a elementos de las fuerzas castrenses se duplicó, según datos de la CNDH, resultó un total fracaso la lucha contra el crimen que empezamos como país.
Sin embargo, algo que también destaca el estudio del Senado es que se han encontrado evidencias del uso político y partidistas de las fuerzas militares para permitir se incremente la inseguridad en estados gobernados por la izquierda y en municipios opositores al partido al que pertenecía el gobierno federal.
Algunos estudiosos han encontrado que si bien la violencia criminal fue intensa en los municipios de los estados gobernados por la oposición, fue cinco veces mayor en ciudades gobernadas por la izquierda.
A través de estudios de caso documentaron que el gobierno federal utilizó estrategias diferenciadas ante la violencia del narcotráfico: coadyuvó y protegió a sus correligionarios (PAN), cooperó parcialmente con la oposición de centro (PRI), pero confrontó y desprotegió a la oposición de izquierda (PRD).
En estos últimos, el gobierno federal no cooperó con las autoridades locales y buscó castigarlas, dejando que gobernadores y alcaldes enfrentaran solos la escalada de violencia, para luego culparlos de la intensificación del conflicto. Estas estrategias aplicadas por el gobierno federal debilitaron a los gobiernos locales de izquierda y permitieron que los cárteles y las organizaciones criminales capturaran los municipios, y a su población mediante la extorsión y el secuestro.
El estudio de Guillermo Trejo sugiere que el despliegue de las fuerzas militares estuvo condicionado a las ganancias electorales que pudiera obtener el gobierno federal en los estados y municipios del país.
A pesar de que el documento se integra con datos del año 2007 al año 2012, no es descabellado pensar que esta política federal se siga manteniendo.
Es importante mencionar que al día de hoy no existe un estudio que evalué los resultados de la guerra declarara contra el crimen organizado, y que ha costado miles de vidas en nuestro país.
El estudio confirma lo que se siempre se ha sospechado: El abandono por parte del gobierno federal a los estados en donde gobierna la oposición, y el uso electorero de la guerra contra el narcotráfico que parece no tener fin.
El 2018 ya está en proceso y la inseguridad se puede convertir en un asunto que se maneje políticamente para ganar votos.
HABERES
EL JUICIO político en contra de José Eduardo Rovirosa, conocido como ‘Cuco’, mantiene paso firme en el Congreso local. Ayer el pleno del Legislativo le dio entrada al expediente que remitió la coordinación de asuntos jurídicos de ese poder legislativo a donde fue turnado en un primer momento el caso para su ratificación.
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