La Secretaría de Educación Pública (SEP) denunció ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado de Chiapas que representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentan impedir la entrega de 11.1 millones de libros de texto gratuitos en las escuelas de educación básica de la entidad, lo que afectaría a 1.4 millones de alumnos. La dependencia solicitó que se impongan medidas cautelares para evitar se obstaculice la entrega de los materiales educativos. El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP, Miguel Augusto Castañeda Fernández, pidió al titular de la PGR que se impongan los medios de apremio que sean necesarios para mantener las medidas cautelares que en su caso hayan sido impuestas. Asimismo, el delegado federal de Educación en el estado, Mario Sánchez de Cima Bretón, presentó la denuncia ante la Fiscalía de Chiapas. La SEP indicó que en los documentos entregados a las autoridades ministeriales, contra quien o quienes resulten responsables, se establece que, de acuerdo con declaraciones reproducidas por un medio de comunicación, el vocero de la sección 7 de la CNTE, José Luis Escobar, dijo que el boicot en la entrega de 2 millones de libros de texto es en rechazo a la Reforma y Nuevo Modelo educativos, por lo que los casi 8 millones de ejemplares ya están en los almacenes estatales, quedan embodegados. En sus declaraciones difundidas en la prensa, el dirigente señaló que las secciones 7 y 40 convencieron a los padres de familia para que no acepten los libros de texto, y agregó que los docentes deben diseñar su propio plan y programas de estudio con contenidos curriculares que sean acorde al contexto de los estudiantes en sus comunidades. Ante esto, la SEP manifestó que esas acciones serían un atentado contra el derecho a la educación, que se establece en el artículo 3 de la Constitución, en el que se advierte que todo ser humano tiene la garantía de recibir la enseñanza necesaria para que pueda desarrollar todas sus capacidades. La secretaría pidió: “Con fundamento en lo previsto en los artículos 153 y 154, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el Ministerio Público solicite, en momento procesal oportuno, al juez de la causa que resulte competente del asunto que ocupa, se impongan las medidas cautelares que garanticen la seguridad jurídica e integridad física de las víctimas, ofendidos o testigos, con el fin de evitar se obstaculice el procedimiento que se inicia”.
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