Luis García
Hay un tema que he querido tratar desde la semana pasada pero por una u otra razón no se ha presentado la oportunidad, pero este es el momento. El servicio de Uber en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, mismo que ha provocado enfrentamientos entre los choferes de este servicio de plataforma y los taxistas de ese lugar que han llegado hasta a ofender al pasaje que en su mayoría son personas foráneas, para más razón, turistas extranjeros que no tienen porque sufrir ninguna consecuencia.
Estos enfrentamientos provocado por el monopolio de los taxis que luego de que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito concedió un amparo a Uber con lo que pueden operar sin problema en el estado de Quintana Roo, arreciaron los enfrentamientos desconociendo por completo las indicaciones del organismo de impartición de justicia federal. Pero lo peor es que no hay autoridad alguna que haga algo por detener la ola de agresiones por parte de los delincuentes choferes, dueños y líderes del volante.
Los sindicatos de taxistas se han atrevido a desafiar a las autoridades y han decidido cerrar avenidas, por lo que son las unidades de la propia policía las que tienen que trasladar a los turistas que no encuentran forma de poder moverse de un lado a otro, pues de hacerlo en Uber corren el peligro de ser agredidos por los energúmedos taxistas.
Pero el real problema es que la situación es política, pues existen familiares de lideres de unidades de alquiler que son funcionarios del nuevo gobierno de extracción morenista, gobernado por Mara Lezama quien ya ha minimizado la situación, mientras el gobierno de Estados Unidos ha lanzado una alerta para evitar que sus connacionales vayan a la zona de la península mexicana.
Mientras, el presidente López Obrador al ser cuestionado en la mañanera, solo se concretó a precisar que se está exagerando el conflicto de taxistas y conductores de Uber en Cancún. Al parecer el propio mandatario no le llega la información de lo que sucede en esa importante ciudad turística.
Para nadie es desconocido que Erika Guadalupe Castillo Acosta, actual directora de Gobierno es hija del líder de taxistas de Cancún, Eric Castillo Alonso y que durante la campaña a la gubernatura de Mara Lezama fue la responsable de llevar todo el control de los taxistas para que hicieran campaña a favor del partido Morena. Por lo que el compromiso total era precisamente con el gremio de los choferes. Ante ello lo que está sucediendo es solamente el cobro de facturas y todo lo que puedan decir las autoridades federales será letra muerta.
Las grandes preguntas son: ¿Acaso quiere la gobernadora Lezama acabar con el turismo en Cancún? ¿Cuántos millones de dólares quiere perder por su contubernio con los taxistas? ¿Cuánto dinero pusieron en la campaña los empresarios del transporte publico? ¿No podrán decirles que el servicio de Uber es necesario y es para otro tipo de personas? ¿Tanto poder tienen los ruleteros?
Son solo preguntas, desde el trópico húmedo. Esperando que aquí en Tabasco no llegue a suceder ese tipo de situaciones o al menos no se refleje tanto, porque ya se han presentado. Porque el servicio de taxis en Centro deja mucho que desear. Es pésimo, lo que le sigue. En fin.
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