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Vinculan a proceso a ex titular de SSP

Vinculan a proceso a ex titular de SSP

POR: Felipa Nery

El ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte, Arturo Bermudez Zurita, junto con más de diez funcionarios, ex jefes policiacos y agentes de la misma dependencia, han sido sujetos a proceso en el vecino estado de Veracruz, acusados de desaparición forzada. Como se recordará, durante el gobierno de Javier Duarte se disparó la incidencia delictiva, supuestamente por la actuación del grupo de los Zetas; madres y padres que buscaban a sus hijos desaparecidos, encontraron muchas fosas clandestinas con cadáveres de sus familiares. Desde que el gobierno de Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, los abusos, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos, se dispararon. La hipótesis que ha existido por parte de organizaciones de la sociedad civil, es en el sentido que han sido las mismas autoridades, tanto federales, estatales, como municipales, las que han desaparecido a miles de personas y el mismo gobierno ha pretextado que son desapariciones, o asesinatos que se dan entre cárteles de la delincuencia. La impunidad con que actúan los grupos delictivos no sólo en Veracruz, sino a lo largo y ancho del territorio mexicano, sin duda que ha sido posible, con la complicidad de las autoridades en turno que se consideran con derecho para hacer y deshacer, pensando en que no les va a alcanzar la justicia. Quizá, los abusos del poder por parte de los gobernantes hayan empezado mucho antes del 2007 cuando Felipe  Calderón sacó al ejército a las calles; desde el año 2000, cuando el Presidente de la República dejó de ser jefe máximo de los gobernadores de los Estados, entonces sí, estos se creyeron autónomos, porque antes, como el Presidente de la República designaba a los gobernadores, bueno, los elegía como candidatos, pero como ya se sabía qué partido ganaría, era claro que los gobernadores le debían el cargo al Presidente de la República, más que al voto de los ciudadanos. Pero desde que se empezó a dar la competencia electoral, que llegaron al poder gobernadores que no habían sido palomeados por el Presidente en turno, y además, de partidos distintos al PRI, entonces los gobernadores no sólo dejaron de considerarse subordinados del Presidente, sino que hicieron valer su autonomía, pero en esta autonomía también se incluyeron los abusos del poder. Es decir, hubo más democracia, pero contrario a lo que debe caracterizar a un estado democrático, como es el respeto a los derechos humanos, los abusos se multiplicaron, a grado tal, que al día de hoy, las comisiones estatales de derechos humanos que debían frenar los abusos del poder, por estar a cargo –supuestamente–, de personas con amplia solvencia moral, debía bastar con hacer públicas sus recomendaciones, para evidenciar los abusos del poder y poner en el banquillo de los acusados a los servidores públicos que no respetaban los derechos humanos, pero todo ha sido una paradoja; las comisiones de derechos humanos emiten recomendaciones casi a diario, y no hay quien las acepte, porque al ser una institución sin poder coactivo los funcionarios públicos las ignoran. Es decir, que en vez de evolucionar como estado democrático protector de los derechos de la sociedad, el respeto a la dignidad de la persona humana se ha ido perdiendo.