Arturo Núñez Jiméñez, gobernador de la entidad.
Ante las amenazas que dice tener del crimen organizado, el exgobernador tendrá su seguridad garantizada si se presenta a declarar ante la PGJ, afirma el mandatario tabasqueño
REDACCIÓN
AVANCE
VILLAHERMOSA, TABASCO.- El exgobernador Andrés Granier no es un perseguido político; está en su derecho de decir los alegatos que convengan a su defensa, pero tendrá que probarlo ante las instancias competentes, reiteró el mandatario Arturo Núñez Jiménez.
Aseveró que someter ante la justicia a los responsables del desfalco que se cometió a Tabasco durante el régimen anterior “no es una cuestión de dichos”, ni mucho menos una revancha política.
Esto no es una cuestión de partidos o de campañas anti-partidos, es, aseveró, “un asunto de honestidad y deshonestidad” en el manejo de recursos públicos.
El gobernador sostuvo su intención de no litigar este caso a través de los medios de comunicación, y sugirió a su antecesor deslindar su responsabilidad legal ante las instituciones acreditadas.
“Tendría que probar que no hay desviación de recursos, que no hay cuenta concentradora, que no hay retiros en efectivo de la cuenta Bancomer, o que el dinero llegó oportunamente para la ejecución de los programas”, advirtió en entrevista.
Refirió que si no ocurre algo distinto en su presentación voluntaria ante la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), espera que el exgobernador se presente este viernes a comparecer ante la Procuraduría General de Justicia de Tabasco (PGJ).
PROBABLEMENTE SE ACREDITEN MÁS DELITOS
Núñez Jiménez asentó que Granier, como cualquier otro indiciado o presunto responsable, según se determine su situación jurídica, tendrá todas las garantías para presentarse a declarar ante la PGJ, pero además, ante las amenazas que dice tener del crimen organizado, también tendrá su seguridad garantizada.
Precisó que los delitos de partida por los que actúan la PGR y la PGJ contra los presuntos implicados en el quebranto de las finanzas públicas del estado son esencialmente los mismos, esto es, peculado y manejo indebido de recursos.
Sin embargo, apuntó, “es muy probable” que la PGR esté en condiciones de acreditar otros delitos, que tienen que ver con el orden federal, derivado de la capacidad de las instituciones de inteligencia financiera.
Respecto a las condiciones en que se encuentra recluido José Sáiz Pineda, exsecretario de Administración y Finanzas, a quien la víspera un juez federal le dictó auto de formal prisión, el gobernador precisó que aquél se encuentra en un área donde no está en riesgo su seguridad.
Descartó que el extesorero goce de algún privilegio o canonjía, pero sí se ha procurado que esté separado de reos peligrosos del orden común o del federal.