Patricia González/Desde el Cristal
Los concesionarios del transporte público no quitan el dedo del renglón para aumentar las tarifas en este sector. Ayer, el vocero del Frente Común de Transportistas del Estado de Tabasco, Elías Trinidad Mendoza, dijo en entrevista a una estación de radio que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) lleva un avance de entre el 70 y 80 por ciento en el estudio técnico y económico para determinar si es viable o no el ajuste al costo del pasaje que ellos solicitan. En dicha entrevista el vocero afirmó -según la nota en el portal de la estación radiofónica en internet- que desde hace “siete años no se ha registrado un incremento en las tarifas”. Sin embargo, esta información es algo contrastante pues el aumento oficial a las tarifas de transporte público data del 15 de febrero del 2023 cuando la SEMOVI autorizó la tarifa general actual que es de 10.50 pesos y de 5.00 pesos la preferencial que beneficia a los estudiantes, a las personas que padecen algún tipo de discapacidad y a los adultos mayores. ¿Cuál será el análisis o estudio que habrán realizado los transportistas para establecer que la nueva tarifa general de 13.00 pesos? ¿Será que los dueños de las concesiones que cuentan hasta con cinco unidades en el transporte público ya habrán encuestado los usuarios para fijar el monto del aumento que solicitan a las autoridades de transporte? Es decir, de 10.50 están incrementando 2.50 pesos a la tarifa general, por lo que la preferencial podría establecerse entre los 7 y los 8.00 pesos. Algo que no dice el vocero de los transportistas es que no todos los conductores han cobrado 10.50 desde el aumento tarifario en 2023, sino que hay quienes redondean el costo del pasaje a 11.00 pesos porque no cuentan con el cambio fraccionario o porque definitivamente se les antoja no devolver el cambio. Hay veces que a los estudiantes, a pesar de que éstos portan sus uniformes escolares, les cobran la tarifa completa, o insultan a aquellos que muestran su credencial de descuento, en el caso de los universitarios. Por supuesto que tiene que haber un equilibrio entre el incremento a las tarifas solicitadas por las agrupaciones transportistas y la situación económica de los usuarios que diariamente viajan a sus centros de trabajo o de estudios entre los que se cuentan quienes tienen que abordar hasta dos tipos diferentes de transporte, ya sea urbano-urbano o urbano-suburbano. Por lo tanto no pueden aumentar 2.50 pesos tan pronto como lo solicitaron y que está vigente desde hace apenas 3 años, no 7, como aseveró el vocero transportista. El ajuste no sólo tiene que ser establecido por las autoridades correspondientes, sino que el ciudadano de a pie también tiene voz y voto en este asunto. Sabemos de las alzas en los productos y combustibles básicos debido a la inflación provocada por el alza de petróleo y las crisis energéticas causadas por las guerras, eso es algo que nos afecta a todos por igual, no solo a algunos cuantos.
Ojalá que las autoridades de la SEMOVI y el gremio transportista se pongan de acuerdo. Los transportistas afirman confiar en que las autoridades estatales resuelvan a su favor en esta solicitud, aunque también está consientes de que afectarán el bolsillo de los usuarios, quienes tendrán que acatar el resolutivo en caso de ser positivo para el gremio del volante. ¿En quién deben confiar los ciudadanos que sufrirán un posible aumento en la tarifa del transporte público? Esto debe solucionarse con estudios serios y evidencias fehacientes para que no se perjudique a la ciudadanía pero que haya una tarifa justa para ambas partes.