David Morales
El 3 de julio de 1955 marcó un antes y un después en la historia democrática de México. Ese día, por primera vez, las mujeres ejercieron plenamente su derecho al voto en una elección federal para renovar la Cámara de Diputados. El hecho fue resultado de décadas de movilización encabezada por maestras, periodistas, intelectuales y activistas que lucharon por el reconocimiento de la ciudadanía política femenina, convirtiéndose en uno de los avances más importantes en materia de derechos civiles del siglo XX mexicano.
Aunque la Constitución de 1917 proclamó la igualdad jurídica entre los mexicanos en diversos ámbitos, el sufragio femenino no fue reconocido. Durante las primeras décadas del siglo XX surgieron organizaciones que comenzaron a exigir el derecho de las mujeres a participar en la vida política. La historiadora Gabriela Cano explica en sus investigaciones sobre el feminismo mexicano que figuras como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto y Refugio García impulsaron desde principios del siglo XX el reconocimiento del sufragio femenino como un derecho ciudadano.
Uno de los antecedentes más importantes ocurrió en Yucatán. En 1923, esa entidad permitió por primera vez que mujeres fueran electas para cargos públicos. Gracias a esa reforma, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib Cicero y Beatriz Peniche Barrera fueron elegidas diputadas locales, convirtiéndose en pioneras de la representación política femenina en México. Sin embargo, aquellos avances fueron limitados y no se extendieron al ámbito federal.
Durante las décadas siguientes, diversas organizaciones continuaron promoviendo reformas constitucionales. De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el debate se intensificó durante los gobiernos posrevolucionarios, aunque las iniciativas enfrentaron resistencia de sectores políticos que consideraban que la participación femenina modificaría el equilibrio electoral del país.
El cambio definitivo llegó durante la administración del presidente Adolfo Ruiz Cortines. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se reconoció plenamente la ciudadanía de las mujeres mexicanas y su derecho a votar y ser electas para cargos federales. La reforma fue impulsada por Ruiz Cortines como parte de sus compromisos de gobierno y representó la culminación de una demanda sostenida por varias generaciones de mujeres.
Menos de dos años después, el 3 de julio de 1955, millones de mexicanas acudieron por primera vez a las urnas en una elección federal. Según la historiadora Patricia Galeana, aquella jornada simbolizó el ingreso formal de las mujeres a la ciudadanía política plena, ampliando la base democrática del país y transformando la participación electoral mexicana.
Aunque el reconocimiento constitucional constituyó un avance histórico, la igualdad en la representación política tardó varias décadas en consolidarse. Investigaciones del Instituto Nacional Electoral muestran que durante buena parte del siglo XX la presencia femenina en el Congreso fue reducida. Fue hasta las reformas de cuotas de género en la década de 1990 y, posteriormente, con la incorporación del principio de paridad en la Constitución en 2019, cuando la representación política de las mujeres alcanzó niveles cercanos a la igualdad.
Actualmente, México es considerado uno de los países con mayor participación femenina en los órganos legislativos. Datos del INE y de ONU Mujeres indican que la Cámara de Diputados y el Senado mantienen una integración prácticamente paritaria, resultado de un largo proceso de reformas legales y sociales iniciado con el reconocimiento del sufragio femenino.
El voto de las mujeres también transformó la vida pública del país. Historiadoras como Gabriela Cano y Patricia Galeana coinciden en que la ampliación del electorado modificó las campañas políticas, impulsó nuevas agendas relacionadas con la educación, la salud, los derechos laborales y la igualdad, además de abrir el camino para que las mujeres ocuparan cargos de elección popular, gubernaturas, secretarías de Estado y, por primera vez en la historia nacional, la Presidencia de la República.
A 70 años de aquella jornada electoral, el 3 de julio de 1955 permanece como una fecha fundamental para la democracia mexicana. Más que el ejercicio de un derecho electoral, representó el reconocimiento pleno de millones de mujeres como ciudadanas y protagonistas de la vida política del país, un logro construido a partir de décadas de organización, activismo y lucha por la igualdad.