David Morales / AVANCE

Una petición ciudadana difundida durante septiembre de 2026 puso nuevamente en el centro de la discusión el uso industrial del agua en México. La iniciativa solicita limitar o cerrar operaciones de Nestlé y Coca-Cola en regiones donde exista una elevada presión sobre los recursos hídricos y, de acuerdo con unDa publicación difundida en redes sociales, ya habría rebasado las 255 mil firmas verificadas.

La movilización comenzó a circular durante los primeros días de septiembre y plantea que las operaciones de ambas compañías sean revisadas en las zonas donde la disponibilidad de agua resulte insuficiente. Una cobertura publicada el 17 de septiembre señaló que la petición había superado las 225 mil firmas verificadas en ese momento.

El reclamo se inserta en un problema mucho más amplio que la actividad de dos empresas. México cuenta con 653 acuíferos y la condición de sobreexplotación ha sido identificada por la Comisión Nacional del Agua en una parte de ellos. El sistema geográfico de Conagua registra actualmente 111 acuíferos clasificados como sobreexplotados. La condición significa que la extracción supera la disponibilidad sustentable del recurso en esos sistemas subterráneos. La situación tampoco es homogénea en todo el país. La propia Conagua establece mecanismos diferenciados para administrar los recursos dependiendo de la disponibilidad de cada acuífero y cuenca, entre ellos zonas de veda, reglamentos y reservas. Además, la disponibilidad media anual es uno de los elementos utilizados para determinar la posibilidad de otorgar concesiones y asignaciones de agua.

El problema adquiere otra dimensión cuando se observa cuánto depende México del agua subterránea. Datos oficiales publicados en el Diario Oficial de la Federación señalan que durante 2023 el 71.1 por ciento del agua extraída de los 653 acuíferos se destinó al sector agrícola, 20.9 por ciento al abastecimiento público urbano, 6.9 por ciento al uso industrial y 1.1 por ciento a la generación de energía eléctrica, sin considerar la hidroelectricidad. Es decir, la industria forma parte de la presión sobre el recurso, pero no representa por sí sola la mayor proporción del agua extraída.

La discusión sobre las empresas refresqueras tampoco es completamente nueva. Un estudio elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México analizó las concesiones relacionadas con diferentes industrias y encontró que diversas plantas embotelladoras se encontraban en acuíferos con poca o nula disponibilidad. En el caso del sector refresquero se identificaron 96 plantas pertenecientes a distintos grupos, y el análisis señaló que 63 acuíferos sin disponibilidad abastecían a empresas del sector, entre ellas Coca-Cola.

El antecedente más directamente relacionado con la movilización actual se encuentra en Veracruz. En septiembre de 2025, durante una conferencia presidencial, la Conagua informó que revisaba tres aprovechamientos provenientes de un manantial en Coatepec. La revisión contemplaba verificar las condiciones de los aprovechamientos y posibles irregularidades. El procedimiento no equivalía a una orden general para cerrar las plantas de las compañías, pero volvió visible la necesidad de revisar el uso y las condiciones de las concesiones en zonas con presión hídrica.

La discusión también ocurre en un momento de transformación de la política mexicana del agua. En diciembre de 2025 fue publicada la nueva Ley General de Aguas, acompañada de reformas a la Ley de Aguas Nacionales. El nuevo marco fortaleció las disposiciones relacionadas con la administración, vigilancia y aprovechamiento de las aguas nacionales.

Además, Conagua informó en septiembre de 2025 que estaba realizando una revisión de los 536 mil títulos registrados en la institución. Para entonces había revisado 482 mil y detectado 58 mil 938 inconsistencias, entre ellas problemas de vigencia, duplicidad o presunta falsificación, cambios en el uso autorizado y errores en las coordenadas de ubicación. La dependencia señaló que estas inconsistencias podían generar inspecciones y verificaciones.

Frente a las críticas, las compañías han difundido información sobre sus propios programas de gestión hídrica. Coca-Cola México sostiene que utiliza actualmente 1.56 litros de agua por cada litro de producto terminado y que ha reducido en 36 por ciento el consumo de agua de sus plantas embotelladoras. También afirma que busca devolver a la naturaleza y a las comunidades el agua utilizada en sus productos y desarrolla proyectos de recarga, conservación y eficiencia hídrica.

En 2025, por ejemplo, Coca-Cola México se incorporó a la segunda etapa del proyecto Aguas Firmes, junto con la Cooperación Técnica Alemana y Grupo Modelo. El programa trabaja en los acuíferos de Apan, Hidalgo, Calera, Zacatecas y Ciudad de México, con una meta de seis millones de metros cúbicos de infiltración adicional mediante soluciones basadas en la naturaleza, agricultura sustentable y mecanismos de gestión hídrica.  Nestlé también reporta acciones relacionadas con el agua. En su informe de Creación de Valor Compartido 2023-2024, la empresa informó un ahorro de 135 mil metros cúbicos de agua durante 2024 y señaló que dos de sus fábricas mexicanas cuentan con certificaciones de Alliance for Water Stewardship.

Uno de los casos más recientes es precisamente la fábrica de Coatepec, Veracruz, donde Nestlé informó en junio de 2026 que ampliaría de 150 a más de 760 hectáreas la superficie de bosque de niebla conservada mediante un programa relacionado con la protección de la cuenca del río La Antigua. La compañía también señaló que su planta cuenta con certificación internacional de gestión hídrica y que sus proyectos de eficiencia permiten ahorrar un volumen equivalente al de cinco albercas olímpicas diariamente.

La petición ciudadana, por tanto, se encuentra en medio de una discusión que rebasa el número de firmas acumuladas. El punto central es cómo deben administrarse las concesiones industriales cuando coinciden con regiones donde la disponibilidad del agua es limitada y cómo comprobar que las medidas de reducción, reúso y compensación anunciadas por las empresas producen efectos verificables en las cuencas y acuíferos donde operan.