David Morales / AVANCE
La recomendación de mantener una mochila con alimentos, agua potable, medicamentos y artículos de primera necesidad ha comenzado a llamar la atención en distintos países, particularmente en Europa, donde las autoridades han insistido en que sus habitantes deben estar preparados para subsistir por cuenta propia durante al menos 72 horas ante una situación extraordinaria. Aunque estas medidas forman parte de las políticas de protección civil, su renovada difusión coincide con un escenario internacional marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas y preocupaciones sobre la seguridad de las naciones, lo que ha despertado interrogantes sobre una posible preparación ante una Tercera Guerra Mundial.
Sin embargo, el origen de estas recomendaciones es mucho más antiguo que las actuales tensiones internacionales. Sus antecedentes modernos se remontan a las guerras mundiales del siglo XX, cuando los bombardeos sobre ciudades, la destrucción de infraestructura y el desplazamiento de millones de personas demostraron que la población civil también podía quedar expuesta a las consecuencias de un conflicto armado. Posteriormente, durante la Guerra Fría, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética impulsó programas de defensa civil destinados a preparar a los habitantes ante posibles ataques nucleares, mediante la construcción de refugios, sistemas de alarma, planes de evacuación y almacenamiento de provisiones.
Con el paso de las décadas, estas estrategias dejaron de concentrarse exclusivamente en los enfrentamientos militares y se incorporaron a los sistemas modernos de protección civil, que comenzaron a contemplar terremotos, inundaciones, incendios, accidentes industriales y emergencias sanitarias. Así, la preparación doméstica se convirtió en una herramienta para reducir la dependencia inmediata de los servicios de emergencia cuando una catástrofe supera la capacidad de respuesta de las autoridades.
El periodo de 72 horas, presente en numerosas recomendaciones internacionales, responde precisamente a esta necesidad. No representa el tiempo máximo de duración de una crisis, sino un margen inicial durante el cual se espera que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas mientras las instituciones organizan la asistencia, evalúan los daños y restablecen los servicios afectados.
En México, por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ya promovía desde 2018 la preparación de una mochila de emergencia. Su propuesta contempla agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, documentos personales, radio portátil, linterna y artículos de higiene, principalmente para afrontar las primeras horas posteriores a fenómenos como los sismos. Esto demuestra que la medida no surgió como consecuencia de las actuales tensiones militares europeas, sino que ya formaba parte de las recomendaciones nacionales de prevención.
No obstante, el contexto internacional ha provocado que algunos gobiernos recuperen y amplíen estas políticas con una perspectiva que contempla expresamente la posibilidad de una guerra. Uno de los ejemplos más representativos es Suecia, cuyo Gobierno distribuyó durante noviembre y diciembre de 2024 más de cinco millones de ejemplares de su folleto Om krisen eller kriget kommer, traducido como «En caso de crisis o guerra». El documento ofrece instrucciones para enfrentar desde fenómenos naturales y ataques informáticos hasta conflictos militares. Aunque su actualización respondió al deterioro de la seguridad internacional, la iniciativa tiene antecedentes que se remontan a 1943, durante la Segunda Guerra Mundial.
Alemania también ha fortalecido sus recomendaciones de preparación ciudadana mediante la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Catástrofes (BBK), que aconseja mantener reservas domésticas de alimentos y agua para diez días, además de contar con una mochila que facilite una eventual evacuación. La institución contempla distintos escenarios, entre ellos inundaciones, interrupciones eléctricas y conflictos armados.
Por su parte, el 26 de marzo de 2025, la Comisión Europea presentó su Estrategia de Preparación de la Unión, un programa de 30 acciones que busca fortalecer la capacidad de respuesta de los países miembros ante amenazas naturales, sanitarias, tecnológicas y militares. Entre sus propuestas se encuentra promover que la población pueda mantenerse por sí misma durante las primeras 72 horas de una emergencia. El documento también reconoce riesgos como los ciberataques, el sabotaje de infraestructuras, la desinformación y las consecuencias de los conflictos geopolíticos.
La insistencia en estos preparativos no es ajena al desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en febrero de 2022, ni a las tensiones entre Rusia y los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A estos acontecimientos se suman las disputas en Asia oriental y los conflictos en Oriente Medio, que mantienen bajo observación la estabilidad de distintas regiones. En consecuencia, algunos gobiernos europeos han comenzado a considerar que sus sistemas de seguridad deben contemplar no solamente la defensa militar, sino también la capacidad de sus sociedades para resistir una interrupción prolongada de los servicios esenciales.
Entre los escenarios previstos se encuentran ataques contra redes eléctricas, sistemas bancarios, telecomunicaciones y suministros de agua, cuya interrupción podría afectar considerablemente la vida cotidiana incluso sin que exista una confrontación militar directa en el territorio. Estas amenazas, conocidas como híbridas, combinan recursos tecnológicos, económicos, informativos y militares para debilitar las capacidades de un país.
Ante este panorama, interpretar las mochilas de emergencia como una señal inequívoca de que se aproxima una Tercera Guerra Mundial sería impreciso. No existe evidencia de que estas recomendaciones constituyan una preparación internacional coordinada para iniciar un conflicto de esa magnitud. Sin embargo, tampoco sería correcto ignorar que algunos gobiernos están incorporando explícitamente la posibilidad de una guerra dentro de sus estrategias nacionales de prevención y defensa.
La preparación ciudadana, por tanto, responde tanto a la experiencia histórica acumulada frente a los desastres como a las nuevas preocupaciones sobre la seguridad internacional. Contar con provisiones, conocer las rutas de evacuación, disponer de documentos importantes y establecer puntos de reunión familiares son medidas que pueden resultar útiles ante situaciones muy distintas entre sí.
Más que anunciar una catástrofe inevitable, estas recomendaciones evidencian un cambio en la manera en que los gobiernos entienden la seguridad de sus habitantes. La preocupación ya no consiste únicamente en cómo responder cuando ocurre una emergencia, sino en qué tan preparados están los ciudadanos para enfrentar las primeras horas de una crisis cuando los servicios de los que dependen diariamente dejan de funcionar.