El ex mandatario estatal, Andrés Granier Melo.
Entre ellos Amilcar Salas y José Sáiz, quienes se señalan como los principales responsables del quebranto financiero
AGENCIAS
REDACCIÓN
Ex funcionarios y ex colaboradores de la administración del gobernador Andrés Granier Melo, entre ellos, Amílcar Salas, Martín Alberto Medina, ambos empresarios; y José Sáiz Pineda, ex secretario de Finanzas del gobierno granierista; están siendo investigados por el desvío y desaparición de fondos estatales y federales por casi 20 mil millones de pesos.
Por concepto de proveedores, rentas, pagos a contratistas y rentas, la Secretaría de Finanzas reportó un quebranto que asciende a dos mil 320 millones de pesos; siendo los proveedores los principales afectados, puesto que la deuda en este sentido, asciende a los 514 millones de pesos, ya que no se pagó una sola vez durante los seis años de gobierno.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), reclamó al gobierno estatal 800 millones de pesos por concepto de subsidio al servicio y también la liquidación de un adeudo de 45 millones de pesos por el servicio de luz a diversas dependencias de la administración estatal, mismas que intentaron solventarse con cheques sin recursos.
Una de estas dependencias es la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), dirigida por Clisceria Rodríguez, quien intentó pagar 25 millones 76 mil pesos, con un cheque que fue devuelto por “insuficiencia de fondos”, haciéndose esta dependencia, acreedora a una penalización de cinco millones de pesos, que equivale al 20 por ciento de la deuda, además de la suspensión del servicio.
Ante tales situaciones, la Subsecretaría de Egresos de Finanzas acordó la firma de un pagaré por 15.7 millones de pesos, toda vez que CFE exigió la entrega por adeudos a “ajustes y facturaciones por consumo de energía eléctrica”, a diciembre de 2012 que corresponde al servicio otorgado a 38 dependencias y que no habían sido solventados.
De igual forma, se han encontrado dos contratos en el último año de gestión de Granier Melo con cobros excesivos en asesoría para planeación estratégica, contable y presupuestal, uno de ellos con el despacho Vargas, Martínez Palacios SC. Contadores Públicos y Asesores, de la ciudad de México; así como la contratación de software para un sistema contable por 35 millones de pesos que nunca funcionó.
Se presume que para realizar dichas acciones de desvíos de fondos, los ex funcionarios realizaron operaciones financieras en varios estados, pero sobre todo en la ciudad de México, así como la contratación de empresas de “outsourcing” para triangular las finanzas, o el pago de servicios con “cheques sin fondo”.
Otra de las irregularidades detectadas por el pago con “cheques sin fondo”, implica un desfalco por alrededor de 176 millones de pesos a las “deductivas” (cuotas) de los trabajadores sindicalizados de la CFE que sí se cobraron vía nómina, pero no llegaron a las cuentas para las cuales estaban destinadas.
Sáiz Pineda, quien autorizaba todos los gastos gubernamentales al ser titular de la Secretaría de Finanzas, también ha sido vinculado con el empresario Amílcar Salas, ex asesor de ésta, presunto operador financiero de Granier Melo, y con el empresario Martín Alberto Medina, a quien en noviembre del año 2009 la Procuraduría General de la República (PGR) le aseguró ocho millones de pesos en el aeropuerto de Mérida, Yucatán.
Recientemente, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, ha señalado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) congeló dos cuentas bancarias con depósitos de 14 millones de pesos a Mariana Granier, hija del ex mandatario, por un problema de cobro de impuestos.
Por lo anterior, autoridades locales realizan un “mapeo” de las vías por medio de las cuáles cometieron una serie de irregularidades que van desde la “desaparición” de mil 900 millones de pesos de recursos federales a programas como salud, educación y seguridad, que son reclamados por la Federación, y más de 17 mil millones de pesos de deuda pública contratada con bancos.
Facebook
Twitter
YouTube
