LEANDRO DE LA O
AVANCE
La revisión del dictamen sancionador a los seis consejeros electorales –por la compra fraudulenta en 32 millones 600 mil pesos, del nuevo edificio del IPECT, localizado en las inmediaciones del periférico Carlos Pellicer Cámara, de la colonia Tamulté de las Barrancas– no es cuestión de tiempo, sino de un análisis exhaustivo y de mucho cuidado para determinar sí está bien sustentada o no la resolución, sostuvo la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, del Congreso local, Rosalinda López Hernández.
Indicó que al recibir el grueso del documento se tiene que formalizar un cronograma a fin de trabajar en este caso, que dictaminó la contralora interna del IPECT, Moraima Romero Herrera, “por varias semanas”.
Dijo que en este trabajo se encuentran involucradas las comisiones de Justicia y Gran Jurado, que preside el perredista Rafael Acosta León y de Asuntos Electorales que mantiene el priísta Carlos Mario de la Cruz.
“Haremos un cronograma al respecto, hay que estudiar todo, porque es un proceso jurídico que no se puede hacer a la ligera y por lo menos asegurar un sentido responsable de estudiar esta situación”, señaló.
Por lo que insistió que necesariamente se tiene que hacer un trabajo de mucho cuidado.
“Primero tenemos que revisar todo sí jurídicamente es sustentable lo de la contralora delo IEPCT (Moraima Romero Herrera), eso nos va a llevar unas buenas semanas, y seguramente cada fracción parlamentaria hará su análisis jurídico”, señaló.