FELIPA NERY
“Conocer y pensar no es llegar a una verdad absolutamente cierta, sino que es dialogar con la incertidumbre.” (Morín)
El gobernador Arturo Núñez Jiménez habría dicho hace unos días que si él no protestaba por la designación de algunos delegados federales que fueran considerados como mapaches electorales, lo haría el Partido de la Revolución Democrática. Ayer el dirigente estatal del partido del Sol Azteca, Roberto Romero del Valle, se pronunció en contra de la designación de algunos funcionarios de SEDESOL, como Jesús Alí de la Torre y de Adrián Hernández Balboa, a quienes consideró activistas políticos del Partido Revolucionario Institucional. Y sus dichos no dejan dudas, porque precisamente el pasado martes el delegado regional de DICONSA, Hernández Balboa, participó en una reunión que tuvieron los dirigentes priístas, con miras a participar en la elección del próximo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, lo hizo en horas de oficina, aunque Adrián dijo que no se debía confundir su presencia, pues no se trataba de acto de proselitismo, pero por supuesto que se trata de un acto político que nada tiene que ver con su trabajo de delegado de DICONSA, porque a esa hora que desayunó con los ex dirigentes del PRI, él debía estar trabajando, ¿o pidió licencia para no asistir esa mañana a su trabajo?. La cuestión es que ni el PRD, ni el gobernador Arturo Núñez Jiménez, tienen razón en reclamarle al gobierno federal por la designación de funcionarios con aspiraciones políticas, porque lo mismo ha hecho el gobierno del Estado en casi todas las dependencias gubernamentales, donde se encuentran personas que de una u otra manera han sido activistas políticos, que aspiran a cargos de elección popular, o que han ocupado cargos de elección popular, empezando por el secretario de gobierno, Raúl Ojeda Zubieta, que es un activo principal del PRD, que ha sido candidato a gobernador en tres ocasiones y aspira a ser candidato nuevamente en el 2018; el caso de Pedro Jiménez León, secretario de Desarrollo Agropecuario, que también tiene aspiraciones de gobernar Tabasco; el secretario de Transportes, José Antonio de la Vega, que fue candidato a gobernador, diputado federal, local y que mantiene sus aspiraciones políticas de un cargo de elección popular; la secretaria de Desarrollo Social, Mónica Fernández Balboa; el subsecretario de Transportes, Rafael Elías Sánchez Cabrales, y así como éstos, podríamos seguirles enumerando a otros tantos funcionarios de primer nivel que son importantes activistas políticos del PRD y del MORENA, vamos a ver si con posterioridad no vemos a ninguno de estos funcionarios públicos dejando el cargo para buscar un cargo de elección popular, posiciones que por supuesto utilizan como trampolín político, para brincar a otras posiciones. Esto ha ocurrido en la democracia mexicana en los últimos años. Hemos visto que sólo acceden a los puestos de elección popular, aquellos que tienen una diputación, una presidencia municipal, una diputación federal, una senaduría, o un cargo importante en el gobierno, porque con los altos sueldos que tienen y el cargo que ocupan, pueden hacer proselitismo, en cambio un ciudadano común, que no tiene presupuesto público para darse a conocer, difícilmente puede aspirar a ocupar un cargo de elección popular. Pero esperemos equivocarnos y que ahora las cosas sean diferentes en este gobierno de Arturo Núñez, que sus funcionarios no los veamos saltar de un cargo público, a uno de elección popular. Ya veremos, dijo un ciego.
De todo un poco
Al parecer, los maestros de Chilpancingo Guerrero quieren reproducir todos los desmanes que en el 2006 se vivieron en Oaxaca, entidad donde hubo muertos, destrozos y parálisis de las actividades económicas, políticas y sociales, y no pasó nada. Ayer les quemaron sus oficinas a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y los señores que protestan por la reforma educativa, siguen en libertad, manifestándose en las calles.
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