El mandatario estatal, Arturo Núñez Jiménez remitió al Congreso local, en el marco del Acuerdo Político por Tabasco, un proyecto de reforma y adición a los artículos 1, 2, 3, 4, 55 y 84, y derogación del 4 ter de la Constitución Política estatal.
REDACCIÓN
AVANCE
Villahermosa, Tabasco.- Al ejercer el derecho que la ley le permite, el gobernador Arturo Núñez Jiménez envió al Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforman y adicionan los artículos 1, 2, 3, 4, 55 y 84 y se deroga el 4 ter, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, concernientes a los temas de justicia y derechos humanos.
En la exposición de motivos, se destaca que en el marco de la agenda legislativa del Acuerdo Político por Tabasco, suscrito el pasado 13 de febrero, los presidentes de partidos políticos y el jefe del Ejecutivo se comprometieron a impulsar ante las Legislaturas LXI y LXII propuestas para mejorar las condiciones de vida de los tabasqueños, así como la prosperidad económica y gobernanza democrática del estado.
Explicó que en el diagnóstico del Acuerdo Político se encontró desfase entre el desarrollo democrático de Tabasco respecto al que se da en el ámbito federal y en otras entidades federativas. Expresamente se indicó que la Constitución local presenta atrasos en comparación con la federal, sobre todo en temas relativos a la justicia y los derechos humanos.
En la iniciativa enviada a la mesa directiva de la LXI Legislatura local, Núñez Jiménez dice que la propuesta de reforma y adición tiene por objeto establecer los derechos humanos que habrán de servir de límite y orientación, sobre los fines legítimos del poder público, a las autoridades estatales y municipales.
Señaló que en los últimos años se ha reforzado el reconocimiento y eficacia jurídica de los derechos humanos mediante la apertura de la Constitución General de la República al derecho internacional de los derechos humanos, a través de la reforma al artículo 1º, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
Resaltó que el nuevo aliento que reciben los derechos humanos de los mexicanos, proveniente de la comunidad internacional, aconseja la introducción en la Constitución estatal de un catálogo más amplio de garantías del que actualmente tiene, y la confección y operación local de su garantía judicial para cumplir a plenitud los artículos 1, 2 y 28 de la Convención Americana.
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