GOBIERNO DE HOMBRES, O DE LEYES

FELIPA NERY

”Buen gobierno es aquél en el cual los gobernantes son buenos porque gobiernan respetando las leyes” (Norberto Bobbio)

Una vez más el Poder Judicial de la Federación ha mandado al gobierno estatal a corregir su plana. Un juez federal dejó sin efecto los nombramientos de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, José Alfredo Celorio Méndez, Juana Inés Castillo Torres, Eugenio Amat Bueno y Mónica Corral Vázquez, que se hicieron en el Congreso del Estado, a propuesta del Ejecutivo, quien en el mes de enero envió las ternas para sustituir a quienes estaban en funciones, Irma Wade Trujillo, Beatriz Evia Ramírez y Joaquín Granados Cruz, mismos que promovieron sus  amparos y ahora se mandata restituirlos en el cargo; sin embargo, los actuales magistrados también han promovido un recurso de amparo para tratar de quedarse en el cargo, o por lo menos, alargar la decisión que dio el juez, de restituir a los otros. Recordemos, que  este Tribunal de lo Contencioso Administrativo se ha caracterizado por hacer la justicia retardada, dilatada, al no ser preciso en sus resoluciones; tan sólo hay que recordar los casos de las notarías que entregó Manuel Andrade Díaz al final de su gobierno, las cuales fueron impugnadas por Jorge Arturo Pérez Alonso y a la fecha, no hay una solución concreta a este caso, porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no ha sido concreto y a dado oportunidad a que los afectados promuevan recursos y más recursos judiciales; también está el caso del Sport City, donde han actuado de la misma manera, sin ser concretos en sus resoluciones. Y por lo tanto, lo que podemos esperar con esta resolución que ha emitido un juez para restituir a los anteriores magistrados, es que igualmente, se nieguen a dar cumplimiento y traten de aferrarse al cargo mediante el uso de recursos legales. Sin duda lo más importante de esta resolución judicial, es que se ordena a las autoridades correspondientes, respetar la legalidad, los derechos de las autoridades que han sido debidamente designadas, a las que no se les puede sustituir sólo por caprichos, o por cambio de régimen de gobierno. A  los órganos constitucionales autónomos se les tienen que respetar sus derechos. No puede ser que las autoridades que proceden de una elección democrática, que están obligadas a respetar el estado de derecho, traten de pasar por encima del mismo. Precisamente los órganos constitucionales autónomos que operan dentro del sistema jurídico mexicano, nacieron con el fin de: tener mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; su actuación no está sujeta, ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público; deben actuar  con independencia en sus decisiones; nacieron, para limitar los excesos de los poderes tradicionales, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por la desconfianza social que se generaron en sus actuaciones y disminuyeron la credibilidad gubernamental, se crearon con el  fin de conciliar la democracia y a los grupos económicos, se buscaba con ellos, un equilibrio. De esta forma nacieron, órganos autónomos como el IFE, que se encarga de organizar las elecciones, este puso fin a los abusos del gobierno que era el mismo que organizaba las elecciones; el Órgano Superior de Fiscalización, para vigilar que el gobierno haga un uso correcto de los recursos públicos, y el mismo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para vigilar que las autoridades gubernamentales no pasen por encima de los derechos de los ciudadanos. Que algunos no han cumplido su función debidamente, esa es otra cuestión, que correspondería a las autoridades que los designaron reclamarles, y proceder a su destitución, o a fincarles responsabilidades, si les demuestran que no cumplen con los fines para los que fueron creados. Pero tanto el proceso de designación, como de destitución, se debe hacer de acuerdo a la ley, no de forma arbitraria, abusiva, como ocurrió también con el caso de Francisco Rullán Silva, a quien destituyeron arbitrariamente, y un juez les ordenó restituirlo.