AGENCIA
REDACCIÓN
MÉXICO.- La banda de plagiarios en la que participaron 13 elementos de la Policía Federal en Acapulco, Guerrero, operó sólo cinco meses, pero suficientes para asesinar a siete de sus 14 víctimas, para que no los identificaran. Llegaron a pedir hasta 3 millones de pesos a cambio de la libertad de los agraviados, aunque al final accedían a cobrar hasta medio millón de pesos, pero el pago no siempre garantizó que respetaran su vida.
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) detallaron la importancia de haber desmantelado esta organización, en la que los oficiales federales tenían una participación activa: elegían a las víctimas; sin importar que estaban uniformados las “levantaban” y secuestraban en sus propias patrullas, y se encargaban de trasladarlas en ellas a una casa de seguridad en el fraccionamiento El Veladero, en la colonia Condesa, de Acapulco.
Según las investigaciones, los policías federales propusieron en abril pasado al civil Jonathan Piedra Soberanis la alianza criminal. Ofrecieron total impunidad y buenas ganancias a la banda. Los agentes se encargaron de elegir a comerciantes del puerto, algunos de ellos dueños de giros negros o pequeños centros nocturnos, a quienes privaron de la libertad durante uno o dos meses, tiempo en el que negociaban el pago de rescates cuantiosos, aunque al final accedían a recibir menos de sus pretensiones.
Aunque el pago del rescate no fue suficiente para los plagiarios, en algunos casos. Las investigaciones que conduce la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) han arrojado que esta banda ultimó a siete de sus víctimas —entre ellas una mujer—, y en algunos de casos inicialmente tuvo conocimiento la Procuraduría General de Justicia de Guerrero; de hecho, cerca de la casa de seguridad de esta organización se encontraron tres fosas clandestinas, en las que se hallaron los restos de tres personas denunciadas como secuestradas.
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