Consejeros electorales van por la verdad

FRANCISCO GÓMEZ HERNÁNDEZ
AVANCE
Varias interrogantes hay y más que se han ido formulando, en torno al caso de los supuestos actos de corrupción cometidos por consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral de Tabasco, según acusaciones hechas por el Congreso del Estado, que determino que la cuenta pública del Instituto, de 2012, fuera reprobada.
A casi cuatro años, “16 de julio de 2010 fecha en  que, el Consejo Estatal, aprobó el acuerdo CE/2010/004, que determina destinar el patrimonio efectivo con que cuenta, para la adquisición de un bien inmueble que será la sede de las oficinas del IEPCT”, parte del boletín No 17 de la misma fecha.
Acuerdo que comprende construcción, reconstrucción, ampliación, mejoras, adecuaciones, redes de comunicación, equipamiento y cualquier gasto o inversión requerida para el total efectivo funcionamiento de este Organismo Electoral, hasta por el monto total del patrimonio efectivo.
La historia de la compra del edificio por demás publicitada por el Congreso del Estado y declaraciones de los diputados locales quienes han acusado a los consejeros electorales de corruptos, sinvergüenzas y demás calificativos, por la compra de dicho edificio que supuestamente fue pagado al doble de su precio, sin que a la fecha exista un denuncia ante la instancia correspondiente la PGJE, interpuesta por el Órgano Superior de Fiscalización, pero que si originó la no aprobación de la cuenta pública del Instituto de 2012.
Ante esta situación tres de los seis consejeros que integran el Instituto Estatal Electoral, Héctor Aguilar Alvarado, Gustavo Rodríguez Castro y Jorge Montaño Ventura, interpusieron un recurso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la reprobación de la cuenta pública del Instituto.
Así como también contra la acusación del posible delito de fraude de que se les acusa, por la contra-venta del edificio, del que supuestamente fue alterado el precio de compra, pero que el Congreso no ha querido interponer la denuncia correspondiente, solo acusaciones en medios informativos.
El recurso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se negó a firmarlo el consejero presidente Rosendo Gómez Piedra, el consejero Antonio Ponce López y la consejera Elidé Moreno Calix.
Habría que ver cuál fue el motivo para negarse, o saber  cuáles de los dos grupos el que firmo o el que no, busca cuidarse en salud, o realmente quiere que se esclarezca el caso.