CUOTAS “VOLUNTARIAS”

FELIPA NERY

Luis Bazdresch “La constitución de México garantiza la educación tanto en relación al beneficio de los individuos, como de la sociedad, puesto que tiende a mejorar la calidad intelectual y social del conglomerado humano, con miras al progreso de la comunidad.”

La ley de educación que aprobó el pasado miércoles el Congreso del Estado es retrógrada para el desarrollo del pueblo tabasqueño, porque  se estableció en la misma el término “cuotas voluntarias”, que contraviene los principios del artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho social de todos los mexicanos a tener educación gratuita, conquista que se alcanzó después de que en la Revolución de 1910 se derramó la sangre de más de dos millones de indígenas y obreros que exigían educación gratuita para todos, no sólo para los hijos de los hacendados y terratenientes.  Con esta garantía de gratuidad en la educación, los mexicanos hijos de indígenas y de obreros, han podido alcanzar la tan ansiada igualdad por la que este país lucha desde que decidió liberarse de las cadenas de la Corona Española, cuando indígenas y criollos oprimidos se lanzaron  a la lucha por la libertad y la igualdad. Después de la Revolución Mexicana, miles de pobres de este país en base a la dedicación a sus estudios y al esfuerzo, han llegado a ser destacados, sobresalientes, profesionistas universitarios, gracias a la gratuidad de la educación. El hecho de que este congreso encabezado por la izquierda, que se supone que lucha por el bienestar de los más jodidos de este pueblo, haya permitido que en la ley de educación queden establecidas las cuotas “voluntarias”, no se puede permitir, porque a casi 100 años de la vigencia de haberse constitucionalizado este derecho, el pueblo mexicano no ha alcanzado la ansiada igualdad, por el contrario, millones de mexicanos viven en la extrema pobreza, al grado que muchos no tienen para comer, y si no tienen para llevarse un taco a la boca, mucho menos tendrán para cubrir las cuotas “voluntarias”, que les imponen las sociedades de padres de familia, con la complacencia de las autoridades educativas, esto, no lo podemos permitir. La educación es un derecho humano que no admite retrocesos, por ello, debemos levantar la voz para no permitir que esta reforma educativa se materialice… La denuncia que presentó ayer el abogado Mario Llergo Latornie, en relación al  director jurídico del DIF Tabasco, Sergio Pulido Pérez,  que en contubernio con sus familiares creó el año pasado una empresa, a la que se favoreció ese mismo año, con la asignación de contratos hasta por 20 millones de pesos, es un asunto que no da margen a ninguna excusa, por lo que de inmediato debe ser cesado de sus funciones, y fincarle las sanciones que le correspondan por violar la ley de adquisiciones del Estado de Tabasco, porque es claro que su corrupto y abusivo actuar como servidor público, no concuerda con el gobierno de cambio que Arturo Núñez Jiménez ha ofrecido y comprometido al pueblo de Tabasco.