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Deben gobernantes comprometerse más contra la inseguridad

Por: José Martínez

Qué hacer con la seguridad pública, el combate y prevención de la delincuencia, y la batalla contra la impunidad. En febrero del 2015, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, aseguró que con la administración de Enrique Peña Nieto, México había llegado a un mejor nivel de seguridad de los últimos diez años. Si uno escucha los discursos recientes en materia de inseguridad llegaría a la conclusión de que algunos de los correligionarios del secretario, militantes del PRI, no comparte esa visión optimista…aunque le echan la culpa a los gobiernos estatales y presidentes municipales de otros partidos.
También ocurre lo contrario: quienes militan en la oposición al tricolor acusan la responsabilidad de los gobernantes de aquel color. Entramos así en un diálogo de sordos. Si unos y otros se “echan la bolita” no llegaremos a ningún lado y los malosos seguirán haciendo de las suyas.
Ayer fue ocasión para que los encargados de la seguridad pública de Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Campeche, Yucatán y Veracruz revisaran lo que cada uno está haciendo, y lo que en conjunto pueden realizar, para frenar el alza delictiva. El encuentro en Villahermosa fue encabezado por el ex zar anti secuestros, Renato Sales Heredia, y por el gobernador Arturo Núñez. Más que los pronuciamientos públicos, lo que interesa son los acuerdos de coordinación que las autoridades pudieron logar. Es urgente, necesario, impostergable, evitar que la delincuencia –ya sea organizada o común- gane la partido. Tenemos problemas de percepción, pero también de realidades duras.
A mediados de enero de este año, la convocatoria del gobierno federal reunió en Oaxaca a los gobernadores de aquel estado, Gabino Cué Monteagudo; de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; Chiapas, Manuel Velasco Coello; Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de Yucatán, Rolando Zapata Bello. El objetivo fue también evaluar los avances y decidir acciones para reforzar lo que se entiende como objetivo común independientemente de la naturaleza de los delitos: mejorar la seguridad.
Percepción y realidades van estrechamente vinculadas. En julio pasado, en lo que sería la más recientes Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU-INEGI), los resultados indicaron que 69 de cada cien habitantes mayores de 18 años, en las capitales de los estados o ciudades con más de 100 mil pobladores, declaró que vivir en su localidad es inseguro.
Estamos también en esta materia ante un círculo vicioso: la percepción de inseguridad aumenta porque existen condiciones objetivas, y esta percepción de inseguridad se convierte en un obstáculo más que deben vencer las autoridades cuya acción debe tener como ingrediente fundamental la confianza, el crédito público.
La encuesta del INEGI refiere que las tres conductas delictivas o antisociales de mayor frecuencia fueron el consumo de alcohol en las calles, con 71.2% de la población; robos o asaltos, con 65.3%, y el vandalismo, con 58.5% del total.
Otras conductas delictivas fueron la venta o consumo de drogas, con 42.1%, bandas violentas o pandillerismo, con 33.5%, y disparos frecuentes con armas, con 21.2%.
¿Cómo estamos en el sureste?,  ¿qué se hace?, ¿qué se va a hacer? Interrogantes cuya respuesta espera el poblador de a pie.

HABERES
Algo sucedió en el equipo de campaña de Liliana Magaña (PRI-PVEM) que colocó a su abanderada confrontarse con los medios tabasqueños de comunicación impresa. Ningún candidato o candidata en su sano juicio rompe una regla básica en la estrategia electoral: sumar aliados, no inventarse adversarios.


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