Gobierno vengativo y perverso

Por: Felipa Nery

En los próximos días el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para investigar los hechos de Ayotzinapa, Guerrero,  dará a conocer su informe final en torno a los 43 jóvenes  desaparecidos, por lo que la semana pasada representantes de organizaciones civiles pidieron al gobierno mexicano aceptar con responsabilidad las recomendaciones que hacen los organismos internacionales de derechos humanos, y se respeten los acuerdos y convenios internacionales y se deje de desprestigiar y perseguir a los defensores de derechos humanos que han venido a observar y a investigar las realidades que se viven en México, y en especial en Guerrero,  también se pronunciaron en contra de la persecución que ha iniciado el Estado Mexicano al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, a quien acusa de haber hecho mal uso de los recursos económicos que supuestamente le habrían entregado para venir a realizar las investigaciones, sobre lo cual la CIDH ha externado su rechazo contra esta investigación que inició la PGR, ante la denuncia de José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, por un presunto fraude consistente en que el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano implicaba que la CIDH enviaría a México como expertos a personas probas, pero  José Antonio,  señala a tres de ellos de deshonestos y de no contribuir a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos. La CIDH explicó que Álvarez Icaza, en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma”. Conforme  a las reglas de la Organización de Estados Americanos, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas por lo que  la CIDH no administró estos recursos, y por tanto, tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo. Asimismo, sobre las personas integrantes del GIEI, la CIDH aclaró que los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República expresaron su acuerdo con la selección de las mismas. La propuesta de dicho acuerdo surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los hechos que tuvieron  lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. Las partes acordaron “la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano” tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares. Las organizaciones civiles se preguntan: ¿Qué pretende la PGR con esta demanda que no tiene sustento?¿Cómo va a tratar el Estado mexicano a otros ciudadanos y defensores de derechos humanos? fueron algunas de las preguntas hecha de manera abierta por parte de Alejandro Brito Lemus, director de Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, quien resaltó que hay una crisis de credibilidad hacia los organismos impartidores de justicia en el país y calificó como una actitud vengativa y perversa los cuestionamientos por parte del gobierno al GIEI y exigió el respeto a la integridad de Álvarez Icaza para que les permitan continuar con su trabajo.