Se dieron cuenta del error

Por: Felipa Nery

La Procuraduría General de la República informó a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del gobierno federal, que por falta de pruebas determinó el “no ejercicio de la acción penal”, en relación con la averiguación previa iniciada el 15 de marzo de 2016, en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria, actual secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad. Al inculpado se le acusó del posible delito de fraude por el manejo de recursos que se entregaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Como se recordará, la denuncia fue presentada por José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y se acusaba a Álvarez Icaza de un presunto fraude de un millón 250 mil dólares a dos millones de dólares, recursos que el gobierno mexicano habría entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a quienes Ortega acusa de no ser personas probas. El anuncio del no ejercicio de la acción penal, lo hace la PGR, precisamente el día que rinde su informe el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien ante la presencia del Presidente Enrique Peña Nieto, dice que en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “la verdad no puede construirse o negociarse” y llamó a valorar integralmente los reportes del Grupo de Expertos, pues dijo: “La verdad en este y en todos los casos es una, no puede construirse o negociarse, y debe necesariamente desprenderse de las pruebas y elementos de convicción que obren en los respectivos expedientes, valorados y articulados en su conjunto, no de la apreciación aislada de los mismos. En ese sentido, el informe presentado la semana pasada por un grupo de peritos tendrá que valorarse de manera integral, junto con los demás elementos de convicción que obran agregados a la investigación correspondiente”, aclaró González Pérez ante la presencia del Presidente de la República, y refrendó la urgencia de tratar este caso “con la máxima atención y de forma imparcial, puntual, integral y sustentada en elementos objetivos y científicos de prueba”, que impriman credibilidad a la investigación “para no dar cabida a la especulación y a cuestionamientos infundados”. Tenemos qué celebrar que el gobierno enmiende su error en cuanto a pretender enjuiciar a Emilio Álvarez Icaza, hombre probo y defensor de los derechos humanos, estas intenciones de descalificarlo, más que dañarlo, lo fortalecían, y mostraban al gobierno mexicano como un intolerante que tenía la intención de que los miembros del GIEI les validaran las “verdades” que el gobierno a través de la PGR, ya había dado a conocer, en relación a la incineración de los 43 jóvenes en el basurero de Cocula.