El plebiscito para que los colombianos aprueben o rechacen el Acuerdo Final de Paz será el último y más difícil escalón para que el gobierno y las FARC den el salto de la guerra a la reconciliación y el perdón.
El tema del plebiscito está en manos de la Corte Constitucional, que este jueves deberá pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de esta iniciativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien desde un principio sostuvo que los acuerdos con las FARC tienen que ser llevados a una consulta del pueblo colombiano.
El asunto de la refrendación es uno de los puntos de mayor controversia entre los negociadores del gobierno de Santos y los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que le apuestan más a una Asamblea Nacional Constituyente que al plebiscito.
Sin embargo, el pasado 23 de junio las FARC aceptaron someterse al fallo que emita la Corte Constitucional, frente al tema de la refrendación, una postura sin precedentes de este grupo guerrillero que, por primera vez en su historia, acepta las decisiones de la institucionalidad, la que han rechazado durante sus 52 años de existencia.
El plebiscito es uno de los mecanismos de participación que brinda la Constitución Nacional de 1991, para que los colombianos participen en las decisiones políticas que los afecta, como es el caso de los acuerdos de paz que con las FARC, en La Habana.
El presidente colombiano, con la firma de todos los ministros, puede convocar al pueblo para que se pronuncie sobre las decisiones previstas en la Constitución política de 1991.
Para que el resultado mayoritario sea válido, el voto por el Sí deberá alcanzar como mínimo, cuatro millones 396 mil 625, y si el escrutinio final está por debajo de esta cifra, significa que los colombianos rechazan el Acuerdo Final de Paz.
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