TUXTLA GUTIÉRREZ.- A casi tres meses de paro laboral y protestas magisteriales, el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, pidió participar y aportar en los foros impulsados por la Secretaría de Educación (SEP), como también en los de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), “porque las marchas y los bloqueos sólo sirven para demostrar la fuerza que se tiene y que se está en pie de lucha, pero nada aportan para un cambio legislativo”, afirmó.
“Ésta es la hora de realizar aportaciones”, sostuvo, “porque las marchas y los bloqueos cansan no sólo a los mismos maestros y a sus familias, sino a toda la sociedad, no son sólo los empresarios quienes se sienten afectados y protestan, sino el pueblo”.
Esto cansa, agregó, en general, los pequeños comerciantes, los artesanos, los turistas, los que tienen una cita con el médico o en un juzgado, por no poder llegar a tiempo a un juicio penal, “se refunde en la cárcel a alguien que puede ser inocente, los pobres no están organizados, y por ello no se escucha su silenciosa inconformidad con los bloqueos”, hasta nuestros catequistas no pueden cumplir con sus servicios, por los bloqueos carreteros, detalló.
En el documento “Aportemos a la reforma educativa”, el obispo chiapaneco enfatizó que es hora de aportar propuestas para realizar los cambios legislativos que sean necesarios. Consideró que si la autoridad dice que no se puede abrogar la reforma educativa, sí se pueden hacer propuestas concretas sobre determinados artículos que se consideren injustos, y ofrecer una nueva redacción, con las razones para exigir los cambios.
Si la reforma en cuanto tal no se puede abrogar, sí se puede mejorar, pues ninguna ley humana es perfecta; siempre se puede perfeccionar, cuando hay razones justas para ello, argumentó.
En cambio, Arizmendi Esquivel lamentó que el congreso federal no tome parte más activa en la construcción de consensos legislativos, que ayuden a mejor la calidad educativa.
Los senadores y diputados federales, dijo, aprobaron las leyes con las que algunos maestros no están conformes, y son ellos de quienes depende que se pueda abrogar o, al menos, modificar esa ley, el gobierno federal tiene su incumbencia política en estos asuntos, pero la solución compete a los legisladores.
Recordó que los obispos de Chiapas enviaron sus observaciones y opiniones sobre el conflicto magisterial, tanto al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación, “que nos dieron muestras de haber recibido nuestras propuestas y analizarlas”, como también a los líderes parlamentarios de los partidos políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero “nadie de éstos se ha dignado a acusar siquiera constancia de haber recibido nuestra palabra, siguen en receso”, criticó.
Felipe Arizmendi considero que en tanto se debaten las propuestas de cambios legislativos, “cuyo proceso siempre será lento y progresivo”, se requiere prepararse para iniciar, en tiempo y forma, el nuevo ciclo escolar, el lunes 22 de agosto.
Éste es un derecho de los niños, que no se puede lesionar, si no se iniciara (el ciclo escolar) los padres de familia tienen el derecho y la obligación de tomar las medidas necesarias, organizándose para que la educación de sus hijos no sufra detrimento; son los padres de familia los primeros que tienen este derecho en favor de sus hijos, pues ni el Estado ni el magisterio están por encima de los padres de familia, puntualizó.
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