Por: Felipa Nery
Las recomendaciones que ha hecho la organización de las Naciones Unidas al Estado Mexicano desde el gobierno de Felipe Calderón, y al actual gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sentido de que la presencia del ejército en las calles no debería ser permanente, sino temporal, sólo para atender una emergencia, no sólo no ha sido escuchada, sino por el contrario, hoy ya existe una iniciativa de ley para dar seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas, para hacer tareas de investigación y combate, no sólo a la delincuencia organizada, sino también a los corruptos. Los mismos representantes de las Fuerzas Armadas han expresado su descontento por estar en las calles haciendo una tarea que no les corresponde. En marzo pasado el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional reconoció que habían cometido errores en el combate al crimen organizado “uno de ellos fue cuando entramos de lleno al combate de las drogas, al hacer a un lado a la policía, porque muchas policías… se habían corrompido y entonces hicimos a un lado a las policías y nos quedamos con un problema que no nos toca, que no nos corresponde”, esto lo dijo en una entrevista con Pulso. Como no fueron retirados de las calles de estas tareas, entonces el ejército empezó a exigir al gobierno garantías de seguridad para seguir en las calles, ante los reclamos de que fueran juzgados como civiles, tal como lo mandata el artículo 13 de la Constitución Política Mexicana, que señala: “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Además, habrá que recordar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno al caso de la desaparición, en 1974 de Rosendo Radilla, quien fue visto por última vez en un cuartel de Guerrero y cuya investigación recayó en un tribunal de guerra, esto motivó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una interpretación de esta sentencia de la CIDH, acortara el fuero militar y señalara que al suscitarse la violación de derechos humanos a civiles por parte de las Fuerzas Militares, debían ser juzgados por tribunales del fuero común; esta decisión no ha sido acatada por las Fuerzas Armadas, porque no han entregado a sus militares a civiles, ni siquiera, para ser entrevistados, como una muestra de su inconformidad por estar haciendo tareas de combate al narcotráfico que no les corresponde, por ello, ahora les van a cumplir sus reclamos de darles certeza jurídica para seguir en las calles. Ya está lista la iniciativa que fue preparada por el Partido Revolucionario Institucional, que cuenta con el aval del Partido Acción Nacional y que incluso, la iniciativa fue revisada y aprobada por mismo secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. El representante de la ONU en México, Antonio Mazziteli, ha dicho: “en todos los estados democráticas, todas las tareas de seguridad deberían ser llevadas a cabo por las fuerzas de policía y no por las fuerzas militares… entendemos que haya situación de emergencia, pero hay que cuidar que la emergencia no se vuelva rutina”… Pero en esta “emergencia”, ya llevamos más de diez años.
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