Por: José Martínez
Los manejos de recursos de cualquier gobierno deben ser puntuales y pulcros. Se deben reflejar en obras, pero igual en documentos que comprueben que fueron usados para esas acciones.
En ocasiones, un órgano rector tiene que entrar para hacer un trabajo de supervisión, y revisar a conciencia qué pasó, y sobre todo marcar en rojo en caso de hallarse desvíos de los dineros que les fueron encomendados a los alcaldes para sus respectivos municipios.
Como un antecedente de los llamados desvíos que pueden hacer los presidentes municipales, en el año 2009, Antonio Priego Oropeza, quien había sido alcalde de Jalapa, sorpresivamente era detenido por elementos de la Policía Ministerial por el delito de peculado en perjuicio del erario, el monto, 15 millones de pesos.
Después de 19 meses quedó en libertad. Las autoridades de aquel entonces dijeron que faltaban pruebas en su contra. De acuerdo al dictamen aprobado por los diputados locales en diciembre de 2010, en el Ramo General 33, Fondo IV se detectaron irregularidades por 324 mil 169.60 pesos, debido a que el Ayuntamiento no enteró al Sistema de Administración Tributaria (SAT), de retenciones vía nómina por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Tampoco lo hizo en otras obligaciones fiscales que utilizó para fines distintos; además no reportó en aquel entonces al SAT otras retenciones realizadas a los empleados, vía nómina, por un millón 739 mil 522.45 pesos; lo mismo ocurrió vía convenios, en donde el monto ascendió a 70 mil 142.12 pesos. Sin embargo, en total fueron más de 15 millones de pesos los que no solventó Priego Oropeza.
Ahora, se discutieron las calificaciones de las cuentas públicas del 2015, donde aparecen otros actores, quienes manejaron millones de pesos, y que estuvieron en la mira del Congreso local, con la oportunidad de denunciarlos.
El Órgano Superior de Fiscalización hizo observaciones por un monto total de 1,344,364,169, derivado de lo que se les encontró a los municipios de Cárdenas con 30 millones 471 mil 524 pesos; Comalcalco, 92 millones 418 mil 543 pesos; Cunduacán, 39 millones 366 mil 238 pesos; Jalpa de Méndez, 9 millones 208 mil 815 pesos; Nacajuca, 209 millones 754 mil 950 pesos; Paraíso, 66 millones 304 mil 261 pesos y Centro, 79 millones 215 mil 509 pesos.
Aunque al final, ayer mismo se anunció que estas alcaldías quedaron perdonadas por la Comisión Inspectora, a pesar de que municipios como el de Huimanguillo tenía un reporte con más de 306 millones de pesos.
A pesar de que se dieron empates en las votaciones, el diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, fue que con su voto decidió hacia dónde podía inclinar la balanza.
La danza de los millones se quedaron ahí, porque de los señalados nadie resultó responsable, y como ejemplo, los alcaldes Nacajuca o de Macuspana, pudieron decir que el milagro guadalupano los salvó.
Esto no es nuevo, por cierto, en el trienio anterior aunque hubo una feria de declaraciones contra supuestos desvíos, todo quedó en fuegos de artificio.
HABERES
EL TRIBUNAL de lo contencioso administrativo solicitó por segunda ocasión la destitución como alcalde a José Eduardo Rovirosa. La solicitud se envió a los alcaldes locales. La primera solicitud se hizo el 26 de septiembre. La discusión es sobre la responsabilidad de quien despide y quien tiene que pagar, aunque todo se hace con dinero público. En la reciente aprobación del presupuesto, los diputados rechazaron recursos para laudos solicitados por varios alcaldes.
Facebook
Twitter
YouTube
