Exigen primero combatir inseguridad y corrupción

Por: Felipa Nery

El pasado lunes el Presidente Enrique Peña Nieto emitió un Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, en el que participaron: el secretario de Hacienda, José Antonio Meade; el del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida; de Economía, Ildefonso Guajardo; el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Catañón; el secretario general de la CTM, Carlos Aceves y el presidente de la Confederación Nacional Campesina; se trató de un pacto, que ni siquiera alcanzó los viejos pactos del priísmo que involucraba a todas sus organizaciones, es un pacto que nace muerto, en el que nadie cree, ni los mismos firmantes, porque Juan Pablo Castañón, representante del CCE, que lo signó, afirmó un día después, que mientras no se resuelvan los temas de inseguridad, impunidad y corrupción en el país, no habrá posibilidad de fortalecer la economía, ni el mercado interno; en tanto que el representante de la COMPARMEX, Gustavo de Hoyos, que no participó en la firma de ese pacto, por considerarlo apresurado y excluyente, convocó ayer a firmar un acuerdo de desarrollo económico que sí enfrente la situación adversa de las economías de las familias y que no tenga objetivos políticos y ante todo, que no coloque a los empresarios como los responsables de los errores del gobierno, pues los culpa a estos de los incrementos de precios; COPARMEX plantea un acuerdo incluyente de todos los partidos políticos, organizaciones sociales y que haya un consenso amplio y se firme el 5 de febrero. El acuerdo del Presidente Peña, que tuvo poco respaldo, contempla, apoyos al transporte público, créditos de la banca de desarrollo, mejorar prestaciones sociales, la inclusión laboral de grupos vulnerables, entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años que no lo hayan recibido y tengan ese derecho; reactivar programas de apoyo al diésel agropecuario y marino, repatriar capitales del extranjero, mantener un buen balance  de la política fiscal y política monetaria, asegurar la transparencia y combatir la corrupción y reducir en 10% los sueldos de servidores públicos de mandos superiores; sin duda, medidas que los empresarios consideran populistas y electoreras, porque además, una cosa es lo que se anuncia y otra la realidad, en relación a la transparencia y combate a la corrupción. Además, como bien dice Juan Pablo Castañón, mientras no haya combate a la inseguridad, la impunidad y la corrupción, no habrá posibilidad de fortalecer la economía; en cabeza de quién puede caber pensar que empresarios que tengan sus inversiones en Estados Unidos, donde gozan de seguridad, los van a traer a México, en estos momentos, en el que el país está acorralado por las bandas del narcotráfico, del secuestro y de la corrupción, sin que las autoridades hayan podido hacer frente en los últimos diez años, pero además, ahora se suma el problema de los estallidos sociales que ponen en riesgo las inversiones de los comercios. Efectivamente, el acuerdo debe ser incluyente, de todas las fuerzas de presión de este país, pero  será difícil alcanzarlo, por el momento político que se vive, de lucha por el poder, en el que están metidos los partidos políticos y todos los entes de gobierno. Así es que el pueblo  seguirá de rehén de los interés políticos.