Por: Felipa Nery
Ante la falta de acuerdos en el Senado de la República para elegir al Fiscal responsable del Sistema Nacional Anticorrupción, esta semana sesionó por primera vez el Comité que se encargará de combatir la corrupción en todos los ámbitos de gobierno, tanto federal, estatal, como municipal, la elección de quien se encargará de juzgar a los servidores públicos que violen la ley de servidores públicos y que caigan en actos de corrupción sancionados por el Código Penal no se ha decidido, sin duda, por cuestiones políticas, pues los principales partidos quieren influir en la designación del responsable. Hay que recordar que este Sistema Nacional anticorrupción se aprobó en el año 2015, cuando en el país retumbaba el escándalo de la “Casa Blanca”, adquirida por la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, supuestamente con las ganancias que había obtenido como actriz de Televisa, al mostrar que en el año 2010 había tenido ingresos por más de 130 millones de pesos y la casa le habría costa unos 54 millones de pesos; a partir de entonces, se dio celeridad a la aprobación de un paquete de reformas constitucionales y legales que buscarían acabar con la corrupción en el aparato gubernamental. Ayer se instaló el Comité Coordinador de este Sistema Nacional Anticorrupción y su presidenta, Jaqueline Peschard Mariscal, quien antes fuera presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, una mujer que se ha ganado el reconocimiento social por su labor como académica y dentro de la función público, como mujer honesta, honorable y responsable, con esa calidad moral, ha exigido al Senado de la República elegir ya al Fiscal que se encargará de investigar los actos de corrupción, pues tienen un atraso de de dos años en su elección. Cabe destacar que ahora que el Senado lleva a cabo el proceso de selección de este fiscal, los ciudadanos Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacios Zárate, que se presentaron como aspirantes a ocupar el cargo, fueron evidenciados de haber presentado un proyecto anticorrupción idéntico en su redacción, que al parecer, habría sido plagiado. Lo único cierto de todo este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, es que no existe voluntad por parte de quienes ostentan el Poder, desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de acabar con la corrupción que lacera a este país, porque son los mismos que están en la cúpula del poder, las cabezas de los actos de corrupción. Ahora mismo que se registra el proceso electoral en el Estado de México, que sería factor decisivo para las elecciones presidenciales del 2018, se acusa una corrupción sistemática por parte del gobierno federal en esa entidad, que ha enfocado todos sus programas sociales hacia allá, no sólo destinado millonarias inversiones, sino haciendo presente en estos días a todas las dependencias encargar de llevar atención a la pobreza, el hambre, la salud, programas para madres solteras, para ancianos, con el fin de ganar votos, además de retener las credenciales de elector a cambio de los programas, en aquellas comunidades donde saben que el PRI no las tiene consigo. Si esto se hace desde el gobierno federal, entonces qué se puede esperar que hagan los gobernadores y los presidentes municipales; éstos no hacen más, que repetir los patrones y con mayores abusos.
Facebook
Twitter
YouTube
