Avala la opacidad

Por: Felipa Nery

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió dos resoluciones que mucho tienen que ver con el respeto y cumplimiento que deben tener los servidores públicos de los ordenamientos normativos que rigen la vida de este país. El primero, se trata de la declaratoria de validez que hizo de algunos artículos relacionados con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (mejor conocida como Ley 3 de 3),  mismos que fueron impugnados por los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, quienes promovieron una acción de inconstitucionalidad, por considerar que se violaban los principios de transparencia para combatir con certeza la corrupción, al no obligar a los servidores públicos a hacer pública su declaración patrimonial, la Corte resolvió que los datos personales de funcionarios públicos, entre los que están incluidos los mismos ministros de la Corte, que anualmente obtienen sueldos con prestaciones superiores a los cuatro millones de pesos, no se podrán publicar en su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés; serán los servidores públicos, los que decidirán si hacen públicas o no sus declaraciones; sin duda que esta resolución de la SCJN, en vez de abonar al combate a la corrupción, lo alienta, porque permite la opacidad y la falta de transparencia en relación a la posibilidad de conocer con qué patrimonio entran y con qué patrimonio salen los funcionarios de la administración pública. Otra resolución, que emitió la Suprema Corte, que sin duda, esta sí fue muy positiva, es la que ordenó detener al ex alcalde perredista de Nacajuca, Pedro Landero López quien a pesar de existir resoluciones judiciales, se negó durante su administración a pagar laudos de ex trabajadores, la orden de encarcelación incluye a los diez regidores más que le acompañaron en el cabildo, porque no hicieron nada para tratar de cumplir la orden judicial. Este precedente de la Suprema Corte debe servir a los demás alcaldes y funcionarios públicos para buscar la forma de pagar los laudos que tienen pendiente, por ejemplo el actual alcalde de ese mismo municipio, Francisco López, ya solicitó al Congreso del Estado una autorización para un empréstito con el que pagaría los laudos que tiene pendiente el Ayuntamiento; pero además, los funcionarios públicos, incluidos los presidentes municipales, deben dejar de atropellar los derechos de los trabajadores, porque cada vez que hay cambio de administración, en el municipio, o en el Estado, los servidores públicos despiden a los trabajadores que tienen no sólo la experiencia en el cargo que desempeñan, sino que también tienen derechos labores, mismos que no les son reconocidos al darles de baja, por lo que no les queda de otra, más que demandar sus indemnizaciones correspondientes. Las resoluciones de la Suprema Corte, tienen que servir para que este país vaya cambiando y deje de ser una agencia de colocaciones de personas ineptas e ineficaces, que llegan sólo porque les ayudaron en la campaña a conseguir los votos, pero que no tienen capacidad para desempeñar los cargos, por eso convierten la administración pública en un caos, por tanta gente ineficiente que solo llegan para cobrar un sueldo y tienen que contratar a otras personas para que hagan el trabajo.