Seleccionados por ‘consenso’

El coordinador parlamentario del PRD, en el Congreso local, José Antonio De La Vega Asmitia, aseguró que la elección de comisión que nombrará a Comité Ciudadano Anticorrupción no fue “a modo”.

Dijo que la selección de los cinco integrantes de ese cuerpo colegiado fue producto del consenso entre las siete fracciones parlamentarias al interior del Congreso local.

Quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), rechazó, por ello de manera contundentemente las descalificaciones que se están haciendo en este sentido.

“Quienes participaron fueron propuestos por organismos de la sociedad civil e instituciones públicas de educación superior y todos cumplían con los requisitos para formar parte de dicha comisión, por lo que todas las fracciones parlamentarias estuvimos de acuerdo en los elegidos”, sostuvo.

El parlamentario explicó que primero se detectó quiénes tenían el mejor perfil, además de que los cinco elegidos fueron los que más coincidieron en las propuestas de las siete fracciones parlamentarias, así que “finalmente el acuerdo fue firmado por 28 de los 32 diputados que asistieron ese día”.

Indicó que las evaluaciones efectuadas sirvieron de parámetro para llevar a cabo la selección, por lo que todo fue producto del consenso, que es la tónica con la que desde  el principio se han tomado las decisiones en el Congreso local.

“Por tanto, no veo que haya alguien a modo del gobierno, sino más bien gente respetable e independiente, por lo que estaremos pendientes de que quienes integran la Comisión de Selección del Comité Ciudadano Anticorrupción cuenten con todo lo necesario para desarrollar efectivamente su labor”, aseguró.

En cuanto a la propuesta para objetar el nombramiento de la Fiscal Anticorrupción, señaló que se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en el seno de la cual se valorará si procede o no, porque “el Fiscal ya hizo el nombramiento, pues es una facultad constitucional que tiene”.

Abundó que la Constitución local señala que dentro de los 20 días naturales a partir de la designación –el plazo vence el domingo 17 de septiembre–, el Congreso podría oponerse a ello, por dos terceras partes de sus integrantes.