La jueza española Carmen Lamela dictó este viernes una orden de detención internacional contra el presidente independentista catalán destituido Carles Puigdemont, mientras en Cataluña se organizaban protestas por el encarcelamiento de buena parte de su gobierno.
La magistrada de la Audiencia Nacional tiene que pronunciarse sobre la demanda de la fiscalía, que el jueves solicitó esa orden de detención particularmente dirigida a Bélgica, donde “se encuentran o al menos han viajado” Puigdemont y cuatro de sus consejeros.
Lamela actuó el mismo día contra ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, que acudieron al alto tribunal en Madrid, enviándolos a prisión provisional sin fianza al considerar en el auto que jugaron “un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado”.
En libertad tras pagar una fianza de 50 mil euros salió el noveno ministro regional, Santi Vila, quien dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, un hecho que llevó al gobierno central a asumir el control de la región, cesando a su ejecutivo y convocando elecciones para el 21 de diciembre.
La jueza justificó la decisión de encarcelar a los demás por el riesgo de fuga -citando, sin mencionarlo por su nombre, a Puigdemont y su ida a Bélgica-, por la probabilidad de que sigan delinquiendo y de que destruyan pruebas.
Puigdemont y su gobierno son investigados por delitos que pueden acarrear hasta 30 años de cárcel.