La abogada Rosalyn Hernández, de 26 años, es una de las tres mil 500 personas que están en riesgo de perder sus órganos por la ausencia de medicamentos inmunodepresores (antirechazo) en Venezuela.
En lo que va de 2018, dos personas han fallecido por la falta de esos medicamentos.
De acuerdo con la oposición, éste es un reflejo de la crisis política, social y económica que está golpeando, también al ámbito médico.
El año pasado, los hospitales venezolanos tuvieron 78 por ciento de escasez en medicamentos, 75 por ciento de falta en materiales médico-quirúrgicos y 76 por ciento de deficiencia en catéteres y sondas, según la organización Médicos por la Salud.
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