El salario máximo será el del presidente

Felipa Nery

El encuentro que tuvo el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el pasado miércoles con senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales y diputados locales de MORENA que resultaron electos el pasado 1 de julio, seguro que habrá dejado con mal sabor de boca a muchos de éstos que llegaron al poder, con la pretensión de enriquecerse de la noche a la mañana, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos con los funcionarios públicos, que sólo buscan estar en una posición política relevante, no para servir a la sociedad, sino para servirse del presupuesto público. El Presidente electo anunció, que enviará al Congreso de la Unión, una iniciativa de ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, para que ningún funcionario público, de ningún poder del Estado, gane más que el Presidente de la República, ha dicho, que su sueldo será el equivalente a la mitad de lo que hoy gana el Presidente Enrique Peña Nieto, que unos dicen ronda los 250 mil pesos y otros que por los 209 mil. Por lo pronto ayer, doña Olga Sánchez Cordero, quien está propuesta para ser la próxima secretaria de Gobernación, declaró que la reducción de remuneración sólo aplicaría a funcionarios del Poder Ejecutivo, “porque constitucionalmente no se pueden disminuir las percepciones de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Dicen que el salario de ellos supera los 600 mil pesos mensuales con prestaciones. Parece que a la señora ex ministra de la SCJN se le olvida que el proyecto que encabeza Andrés Manuel busca que el presupuesto público no se siga consumiendo en beneficio de unos cuantos, por eso su interés de que no  exista dispendio en salarios de la alta burocracia. En el 2007, el senador Pablo Gómez, presentó una iniciativa similar, que fue aprobada por unanimidad en el pleno del Senado el 13 de marzo del mismo año, se remitió a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo, pero ahí se quedó congelada. La iniciativa planteaba establecer topes máximos de salarios, incluía a todos los funcionarios del Ejecutivo, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los consejeros del entonces IFE, y reducir a la mitad el sueldo de los senadores y diputados; se argumentó, que implicaba un asunto de ética política y solidaridad con el pueblo, ante la grave crisis económica que afecta su nivel de vida, por lo que se debía ahorrar para generar programas y acciones que mitigaran los efectos de la crisis económica. Pero los diputados hicieron oídos sordos. Pero hoy, “Ya llegó el momento de que sea el gobierno el que se apriete el cinturón”, ha dicho López Obrador. Esperemos que lo entiendan quienes han alcanzado un cargo de elección, porque la administración pública se había convertido en el botín de políticos y funcionarios, que sólo aspiraban a llegar al cargo, para enriquecerse de la noche a la mañana, poniéndose sueldos altísimos, que no ganarían en la iniciativa privada, ni en un negocio propio. Y lo peor, es que no hay ni una sola institución de gobierno, que con esos sueldos millonarios, haya dado resultados a favor de la sociedad, por el contrario, ha crecido la corrupción y la impunidad.