Felipa Nery
En enero de este 2018, el gobernador del Estado colocó la primera piedra de lo que sería el Centro de Justicia para las Mujeres, en unos terrenos ubicados en el municipio de Nacajuca, que ahora está en líos judiciales, porque después de ser donados por el ayuntamiento e iniciarse la construcción, le apareció una dueña que reclama la indemnización correspondiente. En ese mismo evento, el gobernador recordó que la construcción de este centro lo anunció en marzo del 2013, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y que por diversas causas, nunas de orden administrativo, presupuestal, pero las más importantes, las vinculadas a la posible identificación del terreno apropiado, nos retrasó mucho tiempo hasta llegar el día de hoyu. Hay que destacar, que en la mampara que se exhibe en el lugar donde se inició la obra, señala que la fuente del financiamiento son recursos federales del Ramo 33, que están disponibles desde el año 2013. El año pasado, la diputada Liliana Madrigal cuestionó la falta de atención por parte de las autoridades a los delitos de violencia contra la mujer, y sacó a relucir el desinterés de las autoridades en la construcción del inmueble, para el que ya estaba disponible el recurso por parte del gobierno federal, al respecto, el Fiscal del Estado, Fernando Valenzuela confirmó que estaban disponibles los recursos aportados por el gobierno federal, pero que habían tenido problemas con la adquisición del terreno para desarrollar la obra; posteriormente, se informó de la existencia del terreno en el municipio de Nacajuca y ahora nos enteramos que ese terreno donde iniciaron la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres, que contaría con áreas jurídicas, psicológicas y administrativas para la atención de las mujeres violentadas, está en líos legales y un juez federal ordenó detener la obra, porque al parecer el terreno no pertenece al municipio, sino que existe una propietaria. Así es que la realidad es que durante lo que resta de esta administración no será posible que se haga realidad esta obra, de la cual el gobierno federal puso a disposición del gobierno del estado el recurso económico, desde el año 2013. Además del problema de que no se tendrá este edificio, que debió hacerse para cumplir con recomendaciones del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para atender los altos índices de violencia que se dan en contra de las mujeres en Tabasco, es que quienes ubicaron ese terreno que ahora está en líos judiciales, no se pusieron en los zapatos de las mujeres violentadas de la ciudad de Villahermosa y sus colonias, ante las penurias que tendrán que pasar para trasladarse hasta esa zona de Nacajuca en busca de justicia, si de por sí, llegar a Tierra colorada, donde ahora está el Centro de Atención a Menores, Víctimas e Incapaces era todo un vía crucis, no sólo por el tiempo que se pierde y el transporte que tienen que tomar, sino por lo refundido y oculto en que se encuentran esas instalaciones. Así es que si se llega a concluir esa obra en Nacajuca, estará peor.
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