Reprobación de cuenta pública de Peña; sin revanchas

José Martínez

Una de las tareas más importantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es la de la revisión de las cuentas públicas de todas las dependencias de la administración pública a nivel nacional, proceso que realiza mediante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Durante años el trabajo de la ASF ha sido reducido a simples auditorías de las que nadie hace caso, más que para la exhibición mediática.

En algún momento uno de los titulares de la ASF señaló el poco eco que su trabajo tenía al interior de la Cámara de Diputados; sin embargo, hay que decir que en dicha situación también contribuía el órgano fiscalizador.

Por un lado, muchas de las observaciones que emiten son dejadas al seguimiento de los órganos internos de control de las dependencias para su investigación y deslinde de responsabilidades. Sobra decir que en la mayoría de los casos las observaciones realizadas terminaban en la exoneración de los funcionarios involucrados y no solo en el ámbito federal, sino también en los estados y municipios. Más que esclarecer, lo que seguía era el encubrimiento.

Por otro lado, los casos que ha judicializado ante la Procuraduría General de la República por el mal uso de recursos han sido mínimos, algunos con diez años de antigüedad y sin ninguna acción de seguimiento, por lo que han sido archivados. Es una de las caras de la impunidad que tanto indigna a los ciudadanos.

Hasta hace poco la revisión de las cuentas públicas y su seguimiento dejó mucho que desear y se cayó en actos de simulación. Sin embargo, parece que llegó su fin.

Por primera vez, el pasado 31 de octubre del presente año, en una votación histórica, el nuevo de la nueva Cámara de Diputados reprobó con 332 votos la Cuenta Pública del año 2016 del ejecutivo federal; sólo 41 votaron a favor de la administración de Peña Nieto. El asunto medular es que aún falta por aclarar 103 mil 377 millones de pesos en ese ejercicio.

Las bancadas que votaron a favor de reprobar la cuenta pública de Enrique Peña Nieto en el año 2016 fueron Morena, PT, PES, MC, PAN y PRD; y en contra del PRI y del Partido Verde. Era de esperarse la reacción de estos últimos, quienes han sido aliados históricos.

Aún hay más. Los diputados han señalado que en el año 2016 el ejecutivo federal terminó gastando 613 mil 975 millones de pesos más de lo que el legislativo le había aprobado.

Esto sirvió para que los diputados decidieran ir al fondo del asunto y pidieron a la ASF que presente una propuesta de modificación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se considere materia de responsabilidades: el rebase desmedido del Presupuesto de Egresos, así como la no consideración de todos los requerimientos financieros en el proceso de integración del Paquete Económico.  Con ello se busca cerrar la llave a la discrecionalidad que permitía al ejecutivo federal modificar y disponer de los recursos públicos sin control alguno.

El asunto no acaba aquí. Habrá seguimiento a este proceso de rendición de cuentas donde se buscará deslindar responsabilidades, difícilmente llegarán a Peña Nieto las sanciones, pero el mensaje está dado: ya no se solapará el mal uso de los recursos públicos.

Claro que en este proceso debe privar una escrupulosa revisión administrativa y técnica, para que no se desvirtúe como una acción de revancha.

HABERES 

Afirma Evaristo Hernández, alcalde de Centro, que tan solo en laudos le dejaron una deuda por 84 millones de pesos, además de obras inconclusas. Esto frena los proyectos para el municipio.