Reprueba México el EPU

Felipa Nery

Por segunda ocasión, el gobierno de Enrique Peña Nieto fue evaluado por el Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas, en relación al cumplimiento sobre el respeto a los derechos humanos en México, la primera evaluación fue en el año 2013, cuando el gobierno aun iniciaba; en aquel entonces, los países miembros que evalúan, hicieron recomendaciones para superar  la violencia contra las mujeres, la atención a la violencia contra migrantes, mejorar las cárceles, redoblar esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad, proteger a defensoras de derechos humanos y a los periodistas, prevenir y sancionar la tortura, adoptar acciones para la investigación y sanciones por detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas; que los militares y marinos sean juzgados por la vía civil cuando en su actuación violen derechos humanos, adoptar sistemas de búsqueda de las personas desaparecidas, implementar acciones para superar los problemas de desigualdad, entre otras. Nuevamente el pasado 7 de junio México acudió a Ginebra para presentar su informe en relación a los avances que ha tenido el país para superar los problemas sobre los que recibió recomendaciones en el 2013, que si bien el gobierno de Peña Nieto aún estaba iniciando su administración, no se le podía responsabilizar de las graves violaciones a los derechos humanos que las organizaciones de la sociedad civil habían reportado ante la ONU y que esta misma institución había constatado a través de los Relatores Especiales que envió para conocer de actos de detenciones y encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas y torturas entre otros, pero en el reporte que ahora presenta en 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto sí es responsable de lo que no se hizo, y el resultado fue, que en vez de revertirse los conflictos en materia de violación a derechos humanos, los problemas se incrementaron, si bien se legisló para combatir la desaparición forzada,  hubo falta de presupuesto para realizar la búsqueda, se legisló para combatir la corrupción, pero el órgano nacional y el de la mayoría de los estados no fueron integrados debidamente para realizar su tarea, o bien no se le asignaron recursos económicos; México también reportó la creación de una ley de seguridad interior para regular la actuación militar, sin embargo, se cuestionó su inconstitucionalidad, por lo que está en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los niveles de pobreza se incrementaron en el país, así como  la desaparición de personas, que registra al día de hoy más de 37 mil personas sin conocerse su paradero, lo mismo que la impunidad en el castigo a los feminicidios, los asesinatos y todo tipo de violencia que prevalece en el país, en especial contra las mujeres. En general, las organizaciones de la sociedad civil que presentaron contra informes y las intervenciones de los estados pares que evaluaron al Estado Mexicano, las coincidencias son en el sentido de que el gobierno actual fue reprobado en su acción de protección a los derechos humanos, porque no sólo no logró revertir los porcentajes de violaciones a derechos humanos del gobierno de Felipe Calderón, sino que en esta administración, aumentaron.