La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) aplicar una prueba piloto, antes de 2024, para permitir en ese año el voto de los mexicanos recluidos en prisión que no han sido sentenciados.
Por mayoría de 4 votos y el voto en contra de 3, los magistrados resolvieron que las personas en reclusión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar porque se encuentran amparados por el principio de presunción de inocencia.
Así, se dieron plenas atribuciones al INE para operar una prueba en una muestra representativa que abarque todas las circunscripciones electorales, varias entidades federativas y diversos reclusorios, esto antes de 2024.
El propósito es que ese año ya sea una realidad el voto de las personas recluidas que no han sido sentenciadas.
Se dejó al INE decidir “el cómo, cuándo y dónde se ejercerá el aludido derecho a votar”, en plenitud de atribuciones.
Así, se dio al Instituto la atribución de decidir si eso funcionará para elecciones federales o locales o ambas, según disponibilidad de recursos y posibilidades administrativas.
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