Acuerdo violenta leyes

El canciller Marcelo Ebard dijo que el país demostrará que se puede reducir el flujo migratorio en el corto plazo, y que una de las metas es registrar a todo aquel que ingrese al país y atajar el tráfico ilegal de personas, lo anterior lo afirmó en la reunión que tuvo lugar en Palacio Nacional la mañana del viernes pasado, en la que participó el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del sureste por donde transitan los migrantes centroamericanos. Por supuesto que a quien”vamos a demostrar que se puede reducir el flujo migratorio en el corto plazo”, es al Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, quien para impedir el ingreso de centroamericanos a su país por la frontera mexicana, ha puesto al gobierno mexicano en predicamento, al amenazar con imponer aranceles a los productos mexicanos que se exportan al vecino país del norte, mismos que irían del 5% hasta el 25% y esta situación provocaría la quiebra de empresas mexicanas y el desempleo de miles de mexicanos. En las negociaciones con Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores se comprometió a dar resultados en 45 días, a contener el flujo migratorio por México, después que al inicio de esta administración gubernamental, se dieron todas las facilidades a las caravanas de migrantes para que transitaran por territorio mexicano y hasta se les ofreció empleo en México, pero estos no tenían interés de quedarse aquí, sino que ellos salen de sus países de origen con el fin de alcanzar el “sueño americano”, de ir a buscar un trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica, para ganar los dólares en abundancia, pero los norteamericanos ya no tienen espacios para emplearlos. La cuestión es que con esta política que ahora adoptará el gobierno mexicano, de contener el flujo de migrantes centroamericanos, se violentarán los derechos de migrantes que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley de migración, así como instrumentos internacionales suscritos por el país, como el derecho al libre tránsito, a la seguridad jurídica y al debido proceso, a la atención consular, a no ser discriminado, al asilo, al refugio, a la protección de la unidad familiar, a la dignidad humana, a no ser criminalizados, a ser alojados en estaciones migratorias y no en casas de seguridad o prisiones, a no ser incomunicados, a no ser detenidos en albergues. Además de la posibilidad de que México pudiera violar derechos humanos de los centroamericanos, las acciones que el Presidente López Obrador le ha encomendado al canciller Marcelo Ebrard para atender este tema de migración, ha provocado desencuentros entre miembros del gabinete, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue excluida del asunto que es de su competencia; la renuncia del director de Migración Tonatiuh Guillen, y hasta señalamientos del diputado Muñoz Ledo, al canciller Marcelo Ebrard, quien le  dijo que no es primer ministro para asumir todas las decisiones y “que no lo hinchen tanto, porque lo van a reventar”. Así el país, metido en aprietos por Donald Trump, con este asunto de los migrantes centroamericanos.